Políticas sociales y la importancia de los buenos instrumentos

Un reciente estudio de la Comisión Nacional de Productividad (CNP) señaló que en 2020 las ayudas sociales se concentraron en hogares vulnerables, pero presentaron un importante problema de exclusión. Es decir, no llegaron a toda la población afectada e inclusive, en algunos casos, los montos entregados fueron insuficientes para contener la pérdida del ingreso presentada por los hogares. Mientras que en 2021 pasó lo contrario, pues las ayudas presentaron un problema de inclusión: llegaron beneficios a quienes no lo necesitaban y con montos muy superiores a las pérdidas presentadas.

Chile fue uno de los 10 países que más gastó en medidas de apoyo durante esta pandemia. En este estudio se observa que, a pesar del apoyo destinado a los hogares, entre el segundo trimestre 2020 y el primer trimestre 2021 se presentaron pérdidas. No obstante, desde el segundo trimestre 2021 los apoyos comenzaron a compensar las pérdidas, incluso, en el cuarto trimestre de ese año las medidas aplicadas permitieron un incremento de un 31,9% del ingreso. Parte importante de este cambio en el ingreso disponible se debe a que el estudio de la CNP considera el programa de transferencias directas conocido como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Según el Ministerio de Hacienda, este programa presentó un costo de más de US$ 25 mil millones a diciembre de 2021, es decir, aproximadamente un 70% del gasto total destinado a los programas de emergencia de ese período.

Si bien en su primer año de aplicación estuvo dirigido principalmente a hogares afectados por la crisis, con presencia de trabajadores informales y de bajos ingresos, con el avance de la pandemia se ampliaron los criterios de elegibilidad extendiendo hasta casi la universalidad del Registro Social de Hogares (RSH), esto es, un 80%. Además, se aumentaron de manera importante los montos entregados.

La información presentada por diversas fuentes vuelve a constatar que la suspensión de actividades afectó principalmente a la población más vulnerable y vuelve a relevar la importancia de contar con buenos instrumentos para que los programas sociales lleguen a quienes lo necesitan. En los hogares que pertenecían al 40% con menos recursos de la población, un 77% declaró una disminución en el ingreso en junio 2020 y dijeron que debieron aumentar de forma importante su endeudamiento (65%), redujeron sus activos (57%) e incumplieron parte de sus obligaciones (47%).

Finalmente, en este estudio se evidencia que al comienzo de esta emergencia sanitaria el RSH se vio desafiado para cumplir con el propósito identificar a la población afectada por las problemáticas que buscan ser atendidas por el Estado. También, se observa que las medidas que fueron tomadas para mejorar la calidad de la información y el tiempo de actualización permiten que hoy en día se cuente con mejor instrumento para direccionar la política pública. Es de esperar que las nuevas autoridades continúen con estos esfuerzos de perfeccionarlo y mantener actualizados los registros.

Columna de Paulina Henoch, Coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, publicada en el Diario Financiero.-