Seguro único de salud y libertad de elección

A partir del 11 de marzo del próximo año, Gabriel Boric será el Presidente de Chile. Su propuesta programática en materia de salud incluye un seguro único estatal, basado en prestadores de la red pública de salud, y financiado por un fondo único de salud que se creará mancomunando el 7% de cotización obligatoria de todos junto a los aportes del Estado. ¿Cómo le afectará a usted, el usuario, este seguro único?

En primer lugar, todas las personas verán afectada su libertad de elección. Al imponer una cotización obligatoria al fondo único estatal todos serán obligados a pagar por un seguro único estatal, aunque no lo valoren (o ni siquiera lo usen). Esta ideología anti-sector privado es contraria a las preferencias de la ciudadanía, toda vez que el 85% de los encuestados en una reciente encuesta de Cadem manifestó estar de acuerdo con que 'en Chile todas las personas puedan elegir libremente entre un sistema público o privado al cual pertenecer'.

En segundo lugar, se perjudicará a los actuales beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Al obligar a los afiliados de isapres a migrar a FONASA (o al nuevo seguro único basado en prestadores de la red pública de salud) se generará una enorme presión sobre la red pública, que tendrá que atender a un universo potencial de 3,3 millones más de personas (+22%). Dada la imposibilidad de aumentar la infraestructura y personal del sistema público (se requieren más de 10 años para capacitar a un médico y más de 15 años para construir un hospital), los actuales beneficiarios de FONASA recibirán una atención de salud de menor calidad, con mayores retrasos y menores oportunidades de acceso.

En tercer lugar, se perjudicará a los actuales afiliados de las isapres, tanto en términos de calidad, oportunidad y costo. Solamente unos pocos afiliados de mayores recursos podrán contratar seguros privados suplementarios o complementarios para acceder a atenciones de mejor calidad que las del seguro único, aunque no serán necesariamente de la misma calidad que las que reciben en la actualidad.

Para ellos la propuesta es un 'impuesto encubierto' equivalente a una parte o a la totalidad de sus cotizaciones del 7% de la renta imponible que irá a financiar prestaciones en el sector público que no valoran ni utilizarán.

Pero la mayoría de la clase media que hoy con esfuerzo accede a un plan de isapre no tendrá los suficientes medios económicos para 'pagar doble' y contratar un seguro privado 'de segundo piso'. Ellos quedarán cautivos del seguro único estatal y recibirán atenciones de menor calidad y con largos tiempos de espera que actualmente no experimentan en el actual sistema de isapres.

En conclusión, la propuesta contenida en el programa del próximo gobierno genera falsas expectativas, al prometer una mayor equidad nivelando hacia arriba, cuando en realidad lo que conseguirá es nivelar hacia abajo a la gran mayoría de las personas. Al mismo tiempo, exacerbará la desigualdad con respecto de unos pocos, que serán los únicos que podrán contratar seguros privados voluntarios.

 

Columna de Alejandra Palma, Economista Senior, publicada en el Diario Financiero.-