Imperdonable cuarto retiro

Los especialistas en políticas públicas han calificado los retiros desde las AFP como la peor política pública vista en Chile y hay antecedentes para afirmarlo. En el caso del cuarto retiro, además del vaciamiento de los fondos previsionales que reducirán las pensiones, hay dos agravantes que lo agravan respecto a los anteriores y una variante que lo hace imperdonable.

El primer agravante es que a estas alturas es imposible sostener que los chilenos necesitan retirar de las cuentas en la AFP el dinero de sus pensiones para reemplazar los ingresos que la pandemia les ha restado. La evidencia indica que los hogares disponen de más dinero que antes de la emergencia, producto de las ayudas gubernamentales recibidas y de retiros anteriores. Los saldos en cuenta corriente, la baja en el endeudamiento, las compras de bienes durables baten récords. El Cyber Day, con cinco millones de transacciones, recaudó 433 millones de dólares en un fin de semana, un 51% más que el año pasado.

Pese a ello, los editores de los canales de televisión encuentran, como es obvio, a personas que afirman en sus matinales y noticieros que necesitan urgentemente el dinero para alguna contingencia y a políticos que se prestan para apoyar los retiros alegando que la gente los necesita. Periodistas que desinforman y políticos que justifican el apelativo del peor Congreso de la historia de nuestro país llevan la voz cantante y pocos se atreven a contradecirlos.

El segundo agravante es que el daño inmediato que están haciendo los retiros acumulados a la economía chilena es considerable y empieza a golpear a todos los hogares chilenos. Como se advirtió (y no es el Cuco, como dice alguno), varios efectos se producirían como consecuencia de los retiros. El más generalizado es la inflación, donde el IPC de septiembre de 1,2% es el más alto en trece años y lleva la inflación en 12 meses a 5,3%, muy cerca del valor anticipado por el Banco Central.

Esto está afectando a cada uno de los chilenos cuyos ingresos tienen ahora menor poder adquisitivo (y no a siete familias, como dijo otro). También perjudica a quienes se endeudan para adquirir sus viviendas con créditos hipotecarios, que han visto subir la tasa como consecuencia de la necesidad de liquidez para pagar los retiros a casi el doble que antes de los retiros y también deben cubrir el mayor valor de la UF. Si sumamos estos efectos a los que ya provoca el incremento del gasto público por las ayudas a las personas, entendemos por qué los especialistas están pronosticando una tasa de política monetaria subiendo de 1,5% a 3,5% hacia fines de año y probablemente a 5% en 2022; lo que amplificará todos estos efectos adversos sobre la calidad de vida de los chilenos.

Y la variante que hace imperdonable este proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, es la obligación que impone a las compañías de seguros que han pactado Rentas Vitalicias con jubilados por esa modalidad: la entrega anticipada de 10%, que éstos devolverían con un descuento de 5% de sus futuras pensiones. Esto ya no es sólo una mala política pública, sino robo, pues las compañías deberán pagar más de lo prometido sin reservas para hacerlo (la CMF estima que hasta nueve compañías podrían quebrar). Esto dejaría sin pensiones a buena parte de los 700 mil pensionados por esta modalidad.

Recordémosles a los políticos que por populismo o cobardía apoyen una ley así: ellos serán los culpables de la baja o desaparición de las pensiones, y del empobrecimiento generalizado de los hogares chilenos.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Diario Financiero.-