Hay momentos en que el sentido común imperante evoluciona y cambia. No es fácil discernir este proceso o sus causas, pues muchas veces se basa en la expansión de ideas o percepciones que no tienen sustento en la realidad objetiva, pero que igual se transforman en verdades y lugares comunes incuestionados. Desmontar estos no es fácil, porque exige recurrir a argumentaciones y datos complejos.

En Chile, en algún momento, se generó un cambio muy profundo en el clima de opinión. Así, se expandió la idea, en izquierdas y derechas, de que la superación de la desigualdad era el único objetivo político legítimo y que todas las otras aspiraciones, igualmente razonables y justas, debían ser sacrificadas en su altar. Esto, por cuanto Chile sería el país más desigual del mundo y crecientemente más inequitativo; que la causa de la desigualdad era el modelo de desarrollo; que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Que vivíamos en un régimen “neoliberal” en que todo había sido librado al mercado, el Estado había desaparecido y la educación se había transformado en un “bien de consumo”; que los efectos del crecimiento económico eran más negativos que positivos; que, por lo tanto, era el momento de la distribución de la riqueza y no de su creación.

Todas estas premisas son falaces o al menos deben ser matizadas. Ciertamente, Chile no es el país más desigual del mundo, ni siquiera de la región. La desigualdad tampoco es de los últimos treinta años, pues ella —desde la perspectiva de los efectos negativos que produce— no ha variado en lo fundamental desde la década de los sesenta, cuando existen las primeras cifras para inferirla. Esto significa que, en lógica, la desigualdad no puede asociarse a un modelo de desarrollo específico. El modelo actual, por el contrario, al menos hasta octubre de 2019, disminuyó la brecha reflejada en el índice Gini más que en otros períodos, sobre todo entre las nuevas generaciones, que gozan de mejores niveles educacionales que sus padres y, por tanto, son mejor remunerados. Más aún, de acuerdo con otras dimensiones, a veces más gravitantes —por ejemplo, el número de años de escolaridad, expectativas de vida, mortalidad infantil, acceso a la educación superior y disponibilidad de bienes y servicios, entre otras— las diferencias han disminuido en forma importante.

Tampoco tiene un asidero factual la aseveración de que el orden político económico pueda ser definido como “neo liberal”, con un Estado ausente. Así, bajo el imperio de esta concepción de la educación como supuesto “bien de consumo” los años de escolaridad promedio de los niños de Chile se triplicaron y la educación superior aumentó de 3% de la población a más de la mitad. Es más, 93% de la educación escolar y una gran proporción de la superior se financian con gasto público.

Otro aspecto de la narrativa predominante que debe ser cuestionado se refiere a la transformación de Chile desde la pobreza a una nación de clases medias. Efectivamente, la disminución de la pobreza, en casi un 50%, es un logro extraordinario que no tiene precedentes en nuestra historia, aunque, por cierto, es aún muy incompleto. Sin embargo, la conceptualización como “país de clases medias” tal vez fue equívoca, pues se trata de un conjunto de personas vulnerables cuya situación es precaria, con un promedio salarial inferior a los quinientos mil pesos y que depende de varios ingresos en la familia para sostener sus nuevas necesidades y aspiraciones y, en consecuencia, su futuro está íntimamente ligado a la creación de empleos, alzas salariales y crecimiento económico, siempre frágil y dependiente de la situación política.

Este desfase entre realidad y percepción no sería relevante si no fuera porque distorsiona el diagnóstico y promueve soluciones allí donde no están los problemas.

Columna de Lucía Santa Cruz, Miembro del Consejo Asesor de LyD, en El Mercurio.-