ÁNGELES CAÍDOS

La Convención Constitucional es, para algunos, hija de un estallido social en que Chile despertó de una desigualdad intolerable cuando la mayoría se dio cuenta, de pronto y al cabo de 30 años, que estaban siendo explotados por una elite que había amañado en su provecho un sistema económico “neoliberal”.

La solución para ese problema, se dijo, era cambiar la Constitución pues era ésta la que soportaba un modelo tan injusto. Pero esta historia es falsa; los datos lo demuestran una y otra vez. Entre 1990 y 2015, el zenit del “neoliberalismo”, el 20% más pobre de los chilenos aumentó sus ingresos más del doble que el 20% más rico.

Pero los chilenos no inventaron razones para protestar masivamente a fines del 2019. Los ingresos de las familias habían permanecido estancados en los últimos cinco años, mientras las deudas continuaban subiendo y los empleos disponibles eran ocupados mayormente por inmigrantes. Nada que ver con el modelo, pero a alguien había que echarle la culpa y el presidente Piñera tenía las hechuras perfectas para ello.

La elección de convencionales, siguiendo este relato, castigó duramente a la derecha y a la Concertación, favoreciendo a candidatos del Frente Amplio y de la Lista del Pueblo, que representaron la rebelión frente a las elites; y también a los convencionales indígenas, privilegiados por el sistema electoral. Muchos creyeron, o quisieron creer, que esto solucionaría las cosas y erigiría al pueblo como el ente redactor de esta nueva carta que eliminaría los privilegios en nuestra sociedad.

Pero transcurrido un mes de funcionamiento de la Convención nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, quienes la controlan han prescindido de las prácticas democráticas para extender su mayoría más allá de la que les concedió la elección. Formas bizarras de votación de las mociones, sistemas antidemocráticos de discusión de los tema, intentos de imponer en el reglamento cuestiones tan absurdas como eliminar la abstención, pretenden lograr una hegemonía para las posiciones de la mayoría que pueda así incluso superar la regla de dos tercios.

Pero lo que más ha resentido la ciudadanía (según la última encuesta sólo 30% apoya el actuar de la convención y 47% la rechaza) es el burdo intento por establecer privilegios y regalías a los convencionales. Subieron las asignaciones desde 1,5 a 4 millones mensuales, adicionales a los 2,5 millones de dieta, contraviniendo expresamente las condiciones en que fueron elegidos. Solicitan además otros recursos para fines varios, superando en su avidez al criticado Congreso.

Con los ángeles que debían representar al pueblo digno e impoluto, caen también, antes que se escriba una coma, las absurdas teorías que les atribuyen la capacidad de construir una sociedad más justa redactando una nueva Constitución. ¡Qué lejos de la dignidad reclamada!

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo Asesor de LyD, en La Tercera.-