Con bombos y platillos, la semana pasada un grupo de senadores de oposición anunció que están elaborando una fórmula solidaria para ayudar a los clientes morosos en el pago de los servicios básicos, la que se presentaría en paralelo al proyecto que busca extender nuevamente el plazo que prohíbe el corte de estos servicios por no pago.

Sin perder de vista ni por un momento la urgente necesidad de ayudar a las familias que no están en condiciones de pagar el consumo de estos servicios, claramente se requiere de una política pública, pero no de cualquier política pública.

Para poner en perspectiva el problema, actualmente se están tramitando en el Congreso iniciativas que buscan extender nuevamente el plazo de prohibición del corte de los servicios básicos por no pago De ser aprobados, el plazo aumenta desde finales de mayo a finales de noviembre de este año (15 meses en total). Estos proyectos son loables desde la perspectiva de ayudar a aquellos que no están en condiciones de cumplir estos compromisos. Sin embargo, siguen sin hacerse cargo de algunos problemas que genera la ley original de la prohibición de corte en caso de no pago. Por ejemplo, no aborda lo insostenible que podría llegar a ser el endeudamiento acumulado para las familias, ya que podría no solo afectar a un servicio básico, sino que podría comprender las de varios (luz, agua potable y gas de red). Tampoco aborda el costo financiero que esta nueva extensión conlleva, el cual recae íntegramente en las empresas prestadoras, las cuales requieren de esos flujos para mantener los pagos de sus obligaciones con bancos, proveedores, trabajadores y otros acreedores. Adicionalmente, tiene problemas de focalización ya que los criterios establecidos no ayudan a dirigir adecuadamente los beneficios a aquellas personas a las cuales se buscan beneficiar. Este desvío de recursos se genera al solo exigir una declaración jurada simple para el caso de los independientes, o solo tener la calidad de adulto mayor. Por último, e inexplicablemente, no se establecen límites de consumo de estos servicios ni incentivos a su ahorro.

La nueva propuesta de los senadores de oposición busca hacerse cargo del problema de la deuda insostenible al proponer un pago solidario de las deudas acumuladas entre las empresas (25%), el Estado (25%) y los consumidores que sí pagan (50%). Sin embargo, esta propuesta hay que analizarla a la luz de los efectos indeseados que generó el bono clase media: más de 430.000 personas que no clasificaron para el beneficio que solicitaron, incluso 37.000 funcionarios públicos que no habían tenido impacto alguno en sus remuneraciones. ¿Quién va a pagar sus deudas, si sabe que otro se las pagará sin ninguna restricción? ¿Quién va a poner límite al uso de estos servicios si sabe que otro lo pagará independiente del consumo? ¿Cuál es el incentivo de los adultos mayores a pagar aun cuando puedan hacerlo? ¿Cuál es el incentivo de los independientes a pagar si pueden no hacerlo? ¿Por qué quienes ya somos solidarios a través de los impuestos debemos, además, pagar el doble que paga el Estado si éste ya usará nuestros tributos para financiar esta política propuesta?

Es urgente ayudar a las familias que lo necesitan y en esta línea deben ir las ayudas entregadas y por entregar del gobierno, pero esto debe hacerse en justicia, es decir, dando a cada uno lo que le corresponde, y sobre todo a quien lo necesita.

Columna de Macarena García, Economista Senior, publicada en el Diario Financiero.-