Con bombos y platillos, la semana pasada un grupo de senadores de oposiciĂłn anunciĂł que estĂĄn elaborando una fĂłrmula solidaria para ayudar a los clientes morosos en el pago de los servicios bĂĄsicos, la que se presentarĂa en paralelo al proyecto que busca extender nuevamente el plazo que prohĂbe el corte de estos servicios por no pago.
Sin perder de vista ni por un momento la urgente necesidad de ayudar a las familias que no estĂĄn en condiciones de pagar el consumo de estos servicios, claramente se requiere de una polĂtica pĂşblica, pero no de cualquier polĂtica pĂşblica.
Para poner en perspectiva el problema, actualmente se estĂĄn tramitando en el Congreso iniciativas que buscan extender nuevamente el plazo de prohibiciĂłn del corte de los servicios bĂĄsicos por no pago De ser aprobados, el plazo aumenta desde finales de mayo a finales de noviembre de este aĂąo (15 meses en total). Estos proyectos son loables desde la perspectiva de ayudar a aquellos que no estĂĄn en condiciones de cumplir estos compromisos. Sin embargo, siguen sin hacerse cargo de algunos problemas que genera la ley original de la prohibiciĂłn de corte en caso de no pago. Por ejemplo, no aborda lo insostenible que podrĂa llegar a ser el endeudamiento acumulado para las familias, ya que podrĂa no solo afectar a un servicio bĂĄsico, sino que podrĂa comprender las de varios (luz, agua potable y gas de red). Tampoco aborda el costo financiero que esta nueva extensiĂłn conlleva, el cual recae Ăntegramente en las empresas prestadoras, las cuales requieren de esos flujos para mantener los pagos de sus obligaciones con bancos, proveedores, trabajadores y otros acreedores. Adicionalmente, tiene problemas de focalizaciĂłn ya que los criterios establecidos no ayudan a dirigir adecuadamente los beneficios a aquellas personas a las cuales se buscan beneficiar. Este desvĂo de recursos se genera al solo exigir una declaraciĂłn jurada simple para el caso de los independientes, o solo tener la calidad de adulto mayor. Por Ăşltimo, e inexplicablemente, no se establecen lĂmites de consumo de estos servicios ni incentivos a su ahorro.
La nueva propuesta de los senadores de oposiciĂłn busca hacerse cargo del problema de la deuda insostenible al proponer un pago solidario de las deudas acumuladas entre las empresas (25%), el Estado (25%) y los consumidores que sĂ pagan (50%). Sin embargo, esta propuesta hay que analizarla a la luz de los efectos indeseados que generĂł el bono clase media: mĂĄs de 430.000 personas que no clasificaron para el beneficio que solicitaron, incluso 37.000 funcionarios pĂşblicos que no habĂan tenido impacto alguno en sus remuneraciones. ÂżQuiĂŠn va a pagar sus deudas, si sabe que otro se las pagarĂĄ sin ninguna restricciĂłn? ÂżQuiĂŠn va a poner lĂmite al uso de estos servicios si sabe que otro lo pagarĂĄ independiente del consumo? ÂżCuĂĄl es el incentivo de los adultos mayores a pagar aun cuando puedan hacerlo? ÂżCuĂĄl es el incentivo de los independientes a pagar si pueden no hacerlo? ÂżPor quĂŠ quienes ya somos solidarios a travĂŠs de los impuestos debemos, ademĂĄs, pagar el doble que paga el Estado si ĂŠste ya usarĂĄ nuestros tributos para financiar esta polĂtica propuesta?
Es urgente ayudar a las familias que lo necesitan y en esta lĂnea deben ir las ayudas entregadas y por entregar del gobierno, pero esto debe hacerse en justicia, es decir, dando a cada uno lo que le corresponde, y sobre todo a quien lo necesita.
Columna de Macarena GarcĂa, Economista Senior, publicada en el Diario Financiero.-
