El Tribunal Constitucional, por siete votos contra tres, no acogió a tramitación el requerimiento del gobierno para declarar inconstitucional el proyecto de ley aprobado por el Congreso que, en lo fundamental, autoriza a retirar, por tercera vez, fondos desde las cuentas de capitalización para la vejez depositadas en las AFP. El tribunal comunicó esta decisión de manera escueta sin dar a conocer los fundamentos del fallo, lo que hará en los plazos que le da la ley.

Algunos trascendidos señalan que la mayoría del tribunal argumentará razones de forma, pero no hay constancia de ello. La otra explicación, dada por el ministro Iván Aróstica a medios de comunicación antes del fallo, es que en su sentencia anterior el tribunal había hecho veladamente un llamado a legislar a favor de la ciudadanía, de manera que el fallo vendría a indicar (esto lo concluyo yo), que la presentación del gobierno no habría recogido ese llamado del tribunal.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional no está llamado, según la institución que le da vida que es precisamente la Constitución, a hacer llamados, velados o no, a los poderes Ejecutivo y Legislativo a legislar en favor de la ciudadanía. Su función es muy clara: juzgar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso.

Son varios quienes, también desde la izquierda, han concluido que en esta ocasión el tribunal falló políticamente y no en función de la constitucionalidad de la ley. Serían otros entonces los velos que oscurecen esta decisión y uno no puede dejar de pensar que ha debido influir la enorme presión que caía sobre los ministros, que pueden haber considerado injusto que sobre sus espaldas cargara el futuro de la República, en circunstancias que otros no habían defendido con suficiente firmeza sus fueros.

Cualquiera sea la razón, las consecuencias son devastadoras para el país. Se valida con este fallo un estado de cosas en que las principales instituciones del país no están obligadas a respetar los límites a su poder que la Constitución les impone. De no enmendar su error el Tribunal, todavía puede hacerlo, aunque no para este retiro del 10%, estaremos frente a un parlamentarismo que ya no es de facto: tiene un permiso (ya que están tan de moda hoy) firmado por el Tribunal Constitucional.

Ello permitiría al Congreso gobernar con mano mora y sin ejercer formalmente el poder ejecutivo, introducir todo tipo de reformas y cambios en las políticas públicas que pueden llegar a arruinar el país, pues nadie en la oposición se hará responsable de los resultados de ellas ya que fueron aprobadas en el gobierno de Sebastián Piñera.

Sólo a modo de ejemplo puedo mencionar dos proyectos que tienen ya avanzada tramitación en el Congreso, ambos con vicios de constitucionalidad que difícilmente frenará el TC si mantiene su conducta. El primero es un impuesto patrimonial a los llamados súper ricos que establece una tasa de 2,5% al patrimonio que exceda los 22 millones de dólares y aumenta de 27 a 30% la tasa de impuesto de primera categoría a empresas con ventas de más de un millón de UF. Este tipo de impuestos han fracasado en la mayoría de los países por su baja recaudación y la fuga de capitales que ocasionan y de hecho varios han sido derogados. El incremento en los impuestos a las empresas cuando se requiere reactivación es también muy inconveniente. El segundo proyecto es un nuevo royalty de 3% a las ventas de minerales de cobre y litio más una compensación adicional para el tiempo de catástrofe. Quizás cuantos proyectos más vendrán.

Al gobernarse con mano mora, nadie hace la síntesis de los efectos de cada uno de estos cambios sobre la economía y el bienestar de la gente. Lo que impacta, es que ni los políticos de la izquierda ni sus colegas populistas en la derecha sean capaces de ver que esto empobrecerá al país y a sus habitantes, lo que se les volverá en contra pues aumentará la indignación de la ciudadanía con los políticos.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.