En efecto, un reciente estudio de Ernst & Young estimó la carga tributaria efectiva que tendría que enfrentar un mismo proyecto minero en diferentes países, incluyendo impuestos a la renta, retiros, royalty y otros. Los resultados ubican a Chile con una carga tributaria total de 44,5%, la segunda más alta luego de Australia (52,0%) y muy por sobre otros competidores: Argentina (43,8%), Perú (34,6%), México (34,2%), Canadá (23,0%) y Estados Unidos (22,3%). Si a lo anterior se le agregara una "regalía" o royalty del 3% ad valorem, tal como se está proponiendo, la carga tributaria total en Chile subiría a 54,3%, pasando a ser el la más alta.
El desafío es mantener un equilibrio entre el tamaño de la renta capturada por el Estado y, al mismo tiempo, asegurar a las empresas un retorno de su inversión adecuado al alto riesgo del sector. Una carga tributaria desmedida, si bien podría generar una mayor recaudación fiscal en el corto plazo, inhibe los incentivos a invertir en futuros proyectos o en ampliaciones de proyectos existentes. .
Nuestro país cuenta con un gran potencial en reservas y producción de cobre a nivel mundial, pero para que ello se traduzca en riqueza para los chilenos se requieren enormes inversiones. En un mundo globalizado, las inversiones dependen no sólo del precio y de los costos -los cuales han crecido significativamente en las últimas décadas en Chile-, sino que también dependen de la estabilidad de las políticas económicas y la certeza jurídica. La minería involucra inversiones de muy largo plazo y el royalty propuesto expropiaría parte de la tasa de retorno que tenían contemplados los inversionistas cuando invirtieron en Chile.
En conclusión, la moción parlamentaria, además de ser inadmisible e inconstitucional, presenta graves riesgos para las perspectivas económicas de uno de los sectores más importantes del país. Es de esperar que cuando se vote en la Sala de la Cámara de Diputados, se siga el ejemplo de los parlamentarios que de manera responsable la rechazaron en la Comisión de Hacienda. Se debe legislar con altura de miras, especialmente en materia de tributación minera donde se requiere una visión de Estado a largo plazo y no en la coyuntura político-electoral.
Columna de Alejandra Palma, Economista Senior, publicada en El Mercurio de Calama.-