Cómplices de la violencia política

¿Por qué un periodista de farándula como Eduardo Fuentes se atreve a calificar a Mauricio Hernández Norambuena como “preso político” en una entrevista transmitida por La Red desde la cárcel de alta seguridad? El entrevistado, se sabe, es un asesino, secuestrador y narcotraficante condenado por crímenes cometidos en Chile y Brasil. El entrevistador se atreve a decir que el apodado comandante Ramiro “ajustició” al Senador Jaime Guzmán, vale decir Fuentes, y la Red consideran que el asesinato del senador fue un acto de justicia.

Esto puede ocurrir, en un régimen democrático como el que tenemos en Chile, solamente si un sector significativo de la sociedad considera legítimo el uso de la violencia contra sus adversarios, que pasan así a ser enemigos, con el objeto de obtener beneficios políticos. Bueno, eso es exactamente lo que pasa en Chile hoy: una parte importante de la izquierda valida el uso de la violencia. Algunos la promueven y utilizan, como el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, que tienen una pata dentro de la legalidad y otra afuera. El diputado Jorge Brito, por ejemplo, ha declarado que Hernández Norambuena es efectivamente un preso político, pese a que ha sido condenado en distintos países por tribunales independientes del gobierno en regímenes democráticos. Otros en la izquierda toleran la violencia en manifestaciones públicas o incluso atentados aislados, que son erróneamente calificados como protesta social y defienden a quienes cometen actos violentos.

En efecto, nada menos que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, junto al senador del Frente Amplio José Ignacio Latorre presentaron un proyecto destinado a indultar a quienes como consecuencia de decisiones de tribunales se encuentran en prisión preventiva acusados de diversos delitos cometidos a contar del 18 de octubre en el marco de lo que ha sido denominado “estallido social”. Es decir, la segunda autoridad política del país es partidaria de dejar libres a personas que han hecho explotar bombas, han destruido o incendiado iglesias, bienes públicos y privados, han disparado y herido, en alguna ocasión de muerte, a policías. ¿Qué es eso sino apoyar y alentar el uso de la violencia en política?

Esa es una grave enfermedad que vive Chile hoy, cuyos efectos pueden ser tan graves como la pandemia de Covid 19, que al menos está en ruta de salida, lo que no ocurre con la violencia que no tiene visos de terminar.

Desgraciadamente esta tolerancia, o aprovechamiento, de la violencia para obtener ventajas políticas, se ve potenciada por la existencia de cómplices de ella que, de diversas maneras, la justifican. Personas de alta figuración, como el sacerdote Felipe Berríos o el sociólogo Benito Baranda se han manifestado públicamente a favor de estas iniciativas de indulto que no son otra cosa que un llamado a seguir utilizando la violencia. También ocurre ello entre periodistas, algunos de más relevancia que Fuentes, que utilizan la expresión presos políticos o bien encuentran algún argumento o expresión para quitar gravedad a los actos de violencia o para asegurar, contra lo que ven nuestros ojos, que las protestas y manifestaciones son pacíficas mientras las llamas consumen un templo o vándalos destruyen todo lo que esta a su paso.

Afortunadamente otras personas de alta figuración pública, libres de sospecha de derechismo, se han manifestado con claridad contra la violencia. Debemos valorar a gente como Max Colodro, Iván Poduje, Sergio Muñoz Riveros, Cristián Warnken, Oscar Guillermo Garretón, entre otros, a quienes nadie podrá, con razón o sin ella, calificar como cómplices activos o pasivos de la violencia política que vive Chile.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero-