Mientras los chilenos luchan contra el Covid 19 y los fenómenos de la naturaleza que destruyen su hábitat o ponen en peligro los suministros básicos, una nueva amenaza se ha hecho patente estos días. La inmigración irregular y clandestina por diversos pasos clandestinos en nuestras amplias fronteras en el norte del país causa inquietud en diversas localidades que se ven enfrentados a problemas sanitarios y de calidad de vida derivados de esta verdadera invasión.

Por su parte, el proyecto de ley que modifica la institucionalidad chilena de migraciones enfrentó un último obstáculo en el Tribunal Constitucional. Parlamentarios de izquierda presentaron ante dicho tribunal una serie de objeciones al proyecto aprobado por el Congreso luego de diez años de tramitación desde que Sebastián Piñera lo presentara a trámite durante su primera administración. Afortunadamente, las amenazas más importantes del requerimiento, que podrían haber convertido esta nueva legislación en un instrumento inútil para la regulación de la migración sustentable que nuestro país requiere, fueron rechazadas por el TC.

Estas amenazas eran: 1) que se consagrara un derecho absoluto a inmigrar a Chile, sin que nuestras autoridades tuviesen facultades para regular dicha inmigración; 2) que se limitaran, hasta hacerlos ineficaces, los mecanismos administrativos y judiciales para expulsar del país a extranjeros que cometen delitos en nuestro país; y 3) que se concediera un acceso inmediato y sin restricciones a beneficios sociales no contributivos como bonos o prestaciones de seguridad social a los inmigrantes, que de esta manera podrían viajar a nuestro país con el objeto de recibir dinero de nuestros contribuyentes.

Afortunadamente el tribunal rechazó estas absurdas pretensiones, aunque sí consideró cambios a algunas disposiciones del proyecto en relación a plazos para la prohibición de ingreso al país a extranjeros que se ven favorecidos con la remisión de su pena y cambio por expulsión, o el retorno asistido a niños o adolescentes hijos de inmigrantes extranjeros, pronunciándose también en otras materias relacionadas con el empleo de extranjeros que no cuentan con contrato de trabajo.

En definitiva, en estos días, una vez que se publique el texto definitivo, por fin podremos tener una Ley de Migraciones que sea un instrumento eficaz para tratar uno de los fenómenos políticos más importantes del mundo en la actualidad. Si no lo hicimos antes, fue por una posición extrema y carente de consideraciones prácticas de algunos políticos de izquierda, afortunadamente no todos, que con su actitud permitieron que las migraciones se transformaran en un problema serio que afectó negativamente a nuestra sociedad y, además, seguramente sin la intención de esos políticos, ha alentado la xenofobia en nuestro país, la que a mi juicio es una actitud equivocada, discriminatoria e inconveniente para el futuro de Chile. La gestión del gobierno de Michelle Bachelet en esta materia fue de una negligencia incomprensible y algunos políticos de izquierda mantuvieron esa actitud al intentar bloquear la ley de migraciones durante la administración actual.

Esta postura extrema fue desgraciadamente alentada por organizaciones chilenas como el Servicio Jesuita a Migrantes, que aunque realiza una encomiable labor de apoyo a personas migrantes necesitadas de ayuda, se ha constituido en un factor negativo al apoyar políticas que causan grave daño a la sociedad chilena al alentar la inmigración descontrolada, al no considerar el efecto dinámico de sus propuestas que alientan el llamado turismo laboral y que en definitiva hacen inviable la migración por sus graves efectos sobre el mercado laboral chileno en perjuicio de los nacionales y nuestro sistema de bienestar social que son desbordados por olas migratorias descontroladas. También puede criticarse la actuación de instituciones internacionales que, pese a toda la evidencia que hay en el mundo sobre las dificultades de la migración sin control, no apoyaron al gobierno chileno en su intento por regularla. El “buenismo” hace un flaco favor a las migraciones.

Así como en otras ocasiones hemos criticado al gobierno de Sebastián Piñera por su falta de decisión al apoyar una agenda de soluciones a los problemas del país, en esta ocasión debemos felicitarlo por el liderazgo que ejerció en la materia; porque no cedió en cuestiones fundamentales y porque desde las gestiones de los ministros del Interior, Chadwick, Blumel, Pérez y Delgado; los subsecretarios Ubilla y Galli y el director de extranjería Alvaro Bellolio, con el apoyo además de Relaciones Exteriores, condujeron con mano férrea, inteligencia y habilidad uno de los temas claves de la política para el futuro. Aquí sí habrá legado del gobierno de Piñera. Falta aún poner en funcionamiento el Servicio de Migraciones y actuar rápido con las herramientas que entrega la ley para resolver múltiples problemas que persisten en este tema, varios de ellos urgentes como vemos en estos días. Pero buena parte de la tarea esta hecha.

Como reflexión final queda el que nos demoramos diez años en llegar a esta solución; que llevamos quince en instalar una institucionalidad que proteja y ayude a los menores; y que en plazos similares no hemos sido capaces de aprobar una ONEMI más moderna y dotada de elementos para prevenir y combatir situaciones de emergencia, lo que, está a la vista, es una prioridad para Chile. Los políticos que desde el Congreso le han fallado al país debieran ser más humildes a la hora de criticar indiscriminadamente a nuestras instituciones y elites.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-