CANCELANDO CONSTITUYENTES

Esta semana, los parlamentarios que dejarán sus cargos en el Congreso para postular por un cupo en la Convención Constituyente fueron duramente cuestionados. Las críticas no se plantean desde la legitima preocupación sobre la idoneidad del mecanismo para llenar las vacantes en el parlamento, sino desde la superioridad moral de quienes buscan escarmentar candidatos a priori.

Los auto designados intérpretes de la voluntad popular publicaron su lapidario veredicto en las redes sociales y con ello lo multiplicaron con vehemencia.

Los acusadores buscan denostar a los políticos postulantes, pero son hábiles en hacernos creer que lo que los motiva es el resguardo de algún sentido de purismo o de justicia (que no es más que el propio). Por cierto, siempre se escudan en el pueblo: “los parlamentarios no han entendido la voz el pueblo” (del cual estos intérpretes serían los únicos representantes). Para los puristas, los políticos (y para que decir los parlamentarios) están marcados con la letra escarlata; son indignos del cargo de constituyente, cuasi inmaculado a estas alturas. El desparpajo de los puristas es digno de análisis si se considera que muchos de los que apuntan con el dedo se convertirán, que sea por un año, en parte del andamiaje político que desprecian.

Resulta tremendamente soberbio, al punto de lo intragable, que esos interpretes se arroguen el conocimiento de la voluntad general del pueblo, como si aquella pudiera llegar a ser homogénea en una sociedad diversa. Cada uno de nosotros manifestará su preferencia el día 11 de abril a través del voto, herramienta que en democracia nos permite reflejar y hacer valer nuestra diversidad política. A varios se les olvida que la pluralidad y la diversidad son elementos esenciales de una sociedad moderna y libre, que revelan la realidad constituida por individuos autónomos y capaces de tomar sus decisiones. La moralina que se instala para despreciar a aquellos políticos dispuestos a participar en este importante proceso, niega nuestra libertad y autonomía. En vez, establece, con bastante autoritarismo, lo que debemos pensar, además de acusar a los electores (con palabras más lindas, por cierto) de ignorancia democrática. El pueblo, que tanto dicen valorar y representar, no es apto para tomar sus propias decisiones. Necesita a los gurús de la cultura de la cancelación.

La diversidad que representan los otros debe ser protegida y promovida incluso cuando no nos agrade. Al alero de ella, y no contra ella, se enriquece el debate para resolver los problemas que afectan nuestras vidas y convivencia. Necesitamos diferentes personas, con sus ideas y experiencias diversas, incluyendo la experiencia política en el Congreso o la de haber ocupado cargos en la administración del Estado, pues ahí hay aprendizajes valiosos. También se necesitan quienes traen ideas nuevas y frescas.

Qué duda cabe que, en la era de las demandas por soluciones inmediatas, los políticos la tienen muy cuesta arriba en la opinión pública. La actividad política es opuesta a la inmediatez, al requerir procesos razonados, deliberativos y consensuados, lo que no quiere decir que sea tolerable la ineficiencia o que aceptemos que los procesos terminen siendo insensibles a necesidades urgentes. Al desprestigio contribuyen, asimismo, las burocracias ineficientes, los defectos de un diseño institucional que no promueve la colaboración entre los poderes del Estado y, porque no decirlo, a ratos también la mezquindad y la falta de visión de Estado de algunos. Por supuesto, también es difícil defender a los políticos si varios usan la actividad para la consecución de causas personales o si se la pasan proponiendo soluciones que solo sirven para tranquilizar sus conciencias. Pero de todo lo anterior, no se concluye que la democracia deba ser despreciada como así tampoco quienes componen los estamentos que la hacen posible. La política es una actividad noble y consustancial al proceso democrático e influye en nuestras vidas más de lo que imaginamos. Cierto es que se requieren urgentes reformas para mejorar los mecanismos de colaboración entre los poderes y la eficacia del aparato estatal, y revisiones al sistema electoral y de partidos políticos, pero eso no convierte a los políticos en personas non gratas.

Tampoco se deduce de las falencias planteadas que debamos refugiarnos en los que nos ofrecen y prometen certezas, pues ello es una ilusión que tarde o temprano deriva en que uno solo pueda elegir por todos, y sabemos a dónde ello conduce. El grado de madurez de la democracia liberal está en juego. Estemos a la altura.

Columna de Natalia González, Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, en El Mercurio.-