LAS REGLAS DEL JUEGO

Aunque al escribir esta columna Joe Biden aún no tenía confirmados los 270 delegados necesarios para ser proclamado Presidente de los Estados Unidos, ganar uno de los estados que aun no terminaban el escrutinio le aseguraría la victoria. Algunos podrán extrañarse de que, pese a que la elección se realizó el martes, todavía el viernes en la mañana no había resultados oficiales. Sin embargo, las peculiares reglas electorales del país más importante del mundo tienen una razón de ser.

Estados Unidos, su Constitución y toda su institucionalidad están diseñados para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad, en particular de aquella que provenga de sus autoridades. Por eso los intentos de Trump de impugnar judicialmente los resultados ante la Corte Suprema serán inútiles si el recuento de votos se ajusta a las reglas que cada Estado se ha dado en uso de sus atribuciones, diga lo que diga el gobierno federal. Ello pese a que la integración de la Corte Suprema, que ha de dirimir las controversias judiciales sobre la elección, favorece ampliamente a los conservadores. Es que en ese país prevalece, según lo pensaron sus padres fundadores, la idea de que para garantizar la libertad de los ciudadanos es preferible que éstos sean gobernados por las leyes y no por los hombres. Así, si las reglas vigentes determinan algo, independientemente de la preferencia de cada ministro de la Corte Suprema, ésta fallará según manda la ley.

Esa es la esencia de un país en que las instituciones funcionan. Desgraciadamente, no podemos ya decir lo mismo de Chile. Estamos enfrascados en un proceso para elaborar una Nueva Constitución que es fruto de un acuerdo que se alcanzó bajo la amenaza de la fuerza. El Poder Ejecutivo y el Legislativo renunciaron a sus fueros hace un año para decretar que el poder constituyente residía ahora en “la ciudadanía movilizada”, la calle. ¿Habrá algo más distinto al respeto a las reglas del juego y las instituciones que una decisión así?

Pero Chile ha tenido oportunidades para reparar este vicio de origen de una nueva constitución. El plebiscito que se celebró recién preguntó a la ciudadanía si quería que una Convención Constitucional de 155 integrantes elaborara esa constitución, lo que tuvo una abrumadora mayoría del 80 % de la ciudadanía. Pues ahora los partidos políticos negocian la composición de esa Convención, que ya no tendría 155 integrantes sino más de 170. Nuestros parlamentarios han aprobado en el intertanto leyes que desconocen la iniciativa exclusiva presidencial en materia de pensiones establecida en la Constitución y ahora discuten una que también la desconocería en materia tributaria. Los políticos criollos, buenos para criticar a los Estados Unidos y a Donald Trump, debieran sacarse el sombrero ante el funcionamiento de la democracia en ese país.

 

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en La Tercera.-