VENGANZA EN LILLIPUT

Diez diputados, el número mínimo exigido por la Constitución, presentaron el domingo pasado, último día del plazo establecido para ello (aunque otros dicen que el plazo venció antes) una acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por infringir gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución durante su gestión como ministro de salud durante la pandemia de Coronavirus. Las circunstancias que rodean la acusación (el mínimo de diputados necesario y al expirar el plazo un dia domingo) dan cuenta de las dificultades que debieron sortear los acusadores para llegar finalmente a presentar esta acusación, manifiestamente injusta y absurda.

Como lo he señalado antes, Jaime Mañalich fue un gigante en el manejo de la pandemia. Comprendió muy tempranamente, estudiando la experiencia en otros países, que el riesgo fundamental que corrían los chilenos era un colapso del sistema de salud; y que éste podía presentarse en la forma de una concentración de casos de Coronavirus que superara la disponibilidad de ventiladores mecánicos y camas críticas en nuestros hospitales. Su respuesta fue entonces incrementar fuertemente la disponibilidad de ventiladores en el país y decretar, en virtud de sus facultades como autoridad sanitaria, el manejo centralizado de las camas de todos los hospitales y clínicas del país, fueran ellas públicas o privadas. De esa manera impedía que una concentración de casos en una ciudad o comuna colapsara el hospital de la zona, pues podían trasladarse pacientes críticos a otros establecimientos de salud del país. Dicha estrategia fue providencial y salvó muchas vidas, evitando el colapso de países como Italia y España que debieron lamentar decenas de miles de muertes por esa causa. No deja de ser interesante que estas facultades de la autoridad sanitaria chilena están contenidas en nuestra Constitución y leyes, desmintiendo así la caricatura de un Estado desvalido frente a la preminencia de los privados que algunos han vendido a los ignorantes.

Esta estrategia de Mañalich no fue apoyada por sus críticos, entre ellos alcaldes que sólo veían su realidad local, y medios de comunicación, que o bien no entendían la estrategia e insistían en preguntar por el porcentaje de ocupación de camas en una localidad, sin reparar que lo importante era la disponibilidad total; o bien la ignoraban, distorsionando la información que entregaban al público. Esto último ocurrió especialmente en ciertos canales de televisión, cuyos reporteros acechaban como buitres en las urgencias de los hospitales esperando que se produjera el drama de la última cama, que no ocurrió, pese a los intentos de montaje que intentaron funcionarios de extrema izquierda de algún hospital.

Contribuyó también a esta estrategia que se decretaran cuarentenas tácticas y no generalizadas, pese a la oposición de alcaldes que instalados en los matinales de la televisión realizaban todo tipo de críticas por no adoptar estrategias como las de Argentina y Perú, con cierres totales de la ciudad; que ahora les pasan la cuenta a sus habitantes con un colapso económico y el gran número de muertes que han debido sufrir. De esa manera, con cuarentenas tácticas, la infección en nuestro país ha tenido olas críticas en distintas partes del país, pero nunca ha visto un colapso total. Los alcaldes que pedían cuarentena total, después, una vez decretada en sus comunas, se quejaban de la caída de empleos e ingresos de los vecinos. El complemento de esta política de cuarentenas tácticas fue el testeo temprano, de manera de tener la trazabilidad necesaria para evitar el colapso.

En fin, como lo dijo el Ministro Enrique Paris: “ Nunca faltó un ventilador, nunca faltó una cama de intensivos, somos el país de Latinoamérica que tenemos más test por millón de habitantes, pero por lejos, y ésos fueron dos pilares de su programa de salud”.

Pero según los diez diputados acusadores, el ex Ministro de Salud es responsable de haber infringido los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica y el derecho a la protección de la salud de miles de personas en la República, trasgrediendo así nuestra Constitución.

También lo acusan de faltar a la probidad al arrendar el Espacio Riesco. El principio de la probidad administrativa, señalan los honorables diputados acusadores, consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Jaime Mañalich lo habría transgredido al arrendar el Espacio Riesco, lo que evitó el colapso de hospitales de la zona norte de Santiago. Que paradoja que esos diputados acusen a Jaime Mañalich de poner su interés particular por sobre el general, cuando son de público conocimiento su condicción de enfermo crónico y la de su esposa, pese a lo cual no dudó en arriesgar su salud y su vida por darlo todo en beneficio de los chilenos.

Los diputados acusan al ex ministro de violar el principio de publicidad de los órganos de la administración del Estado y de la función pública, en circunstancias que diariamente comparecía ante los medios de comunicación dando información sobre el estado de la pandemia y contestando las preguntas de la prensa.

Lo acusan también de no cumplir las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de abril de 2020 en el documento “Pandemia y Derechos humanos en las Américas”, que señala entre otras cosas que se debe: a) velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, que es justamente los que hizo el ministro al decretar tempranamente la centralización en el manejo de todas las camas; b) garantizar el consentimiento previo e informado de todas las personas en su tratamiento de salud en el contexto de las pandemias, así como la privacidad y protección de sus datos personales, asegurando un trato digno y humanizado a las personas portadoras o en tratamiento por COVID-19, sin recordar que el Ministro Mañalich aludiendo justamente a ese derecho, se negó a entregar la información que alcaldes y algunos medios de prensa pedían.

Es tan manifiestamente injusta la acusación, que el ex Presidente Ricardo Lagos señaló recientemente que el ex ministro Mañalicho se la jugó. Y agrega que “se le acusa porque a lo mejor tenemos pensamientos políticos distintos del punto de vista de cómo abordar la pandemia, pero es una discusión sobre políticas públicas. Eso no autoriza a una acusación constitucional, porque eso implica dolo”.

En fin, la acusación constitucional contra Jaime Mañalich no es capaz de tocar siquiera la gigantesca labor que realizó como Ministro de Salud durante la pandemia, y habla más que del ministro Mañalich, de sus acusadores: las diputadas Claudia Mix, Marisela Santibáñez, Karol Cariola y Marcela Hernando y los diputado Patricio Rosas, Esteban Velásquez, Ricardo Celis, Miguel Crispi, Diego Ibáñez y Tomás Hirsch.

 

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo de LyD, publicada en El Líbero.-