El Gobierno de Sebastián Piñera ha sufrido una dura derrota en el Congreso con la aprobación de la reforma constitucional que permite retirar anticipadamente dinero de los fondos de pensiones. La iniciativa, criticada por los técnicos de todo el espectro político, tenía amplio respaldo popular. El ministro de Hacienda Ignacio Briones, intentó, en una digna defensa, hacer ver el daño que el proyecto causaría a las pensiones y a nuestra institucionalidad, proponiendo opciones mejores para paliar los efectos de la pandemia en los ingresos de los chilenos.

Pero la derrota del Gobierno no se remite a este proyecto, sino que extiende sus alcances a toda la política. La falta de convicciones y liderazgo presidencial en todo el episodio se tradujeron en una derrota mayor: el Gobierno perdió el tercio del Congreso que le permitía algún margen de maniobra para lo que resta de su mandato. Con ello, el país vive hoy en un parlamentarismo de facto, en el cual es el Congreso el que gobierna el país, sin contrapeso, pues las simples mayorías en las votaciones determinan si un proyecto se ajusta o no a la institucionalidad. La convivencia de un gobierno nominal, sin poder alguno, y uno de facto que actúa sin coordinación ni límites, puede causar un daño irreparable al país.

No son solamente errores del Gobierno lo que nos ha llevado hasta aquí. El Partido Comunista y el Frente Amplio han continuado la estrategia estrenada el 18 de octubre de utilizar la violencia para lograr sus objetivos políticos. Ni siquiera la pandemia los detuvo, siguen actuando en clave de octubre. El resto de la izquierda los dejó hacer y los partidos de centroderecha viven una crisis de liderazgo. Pero es evidente que el Gobierno es el principal responsable; primero al renunciar desde octubre del 2019 a su función primerísima de mantener el orden público, con una actuación timorata de las principales autoridades del país; segundo, al renunciar ahora a su deber de recurrir oportunamente a las instancias para evitar que en el país se desborde la institucionalidad impugnando la aprobación fraudulenta de una norma de iniciativa exclusiva presidencial.

Esta última decisión, dilatada como siempre hasta el final, no era fácil por la amenaza abierta de la violencia que la izquierda había formulado. Pero la forma de comunicarla nos recordó que los dioses ciegan a quienes quieren perder, pues se realizó de manera ignominiosa. Antes que cantara el gallo, sin dar la cara, un comunicado informó al país de la decisión de promulgar la ley, dando como razones las mismas que habían esgrimido sus impulsores. La consecuencia es una derecha pulverizada y un castigo a las convicciones de quienes se opusieron al proyecto.

Solo nuevos liderazgos pueden rescatar a la derecha del pozo en que la ha dejado el Gobierno y es hora de trabajar en ello.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo de LyD, publicada en La Tercera.-