El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, ha propuesto públicamente al gobierno dejar de lado la reintegración de nuestro sistema tributario, ofreciendo a cambio una rebaja a la tasa de impuestos a las empresas, que según él tiene un efecto más directo sobre la inversión. Es interesante examinar esta propuesta pues el Senador Lagos tendrá un rol relevante en la tramitación de la reforma tributaria en el Senado.

La ventaja de un sistema de impuestos integrado es que introduce equidad horizontal en el pago de impuestos, pues dos personas con la misma renta pagan los mismos impuestos, independientemente de su condición de empleados o empresarios. En la actualidad hay 570 mil emprendedores que por el solo hecho de tener esa actividad pagan un sobreimpuesto de 9,45% pese a estar, por el monto de su renta, en un tramo exento de impuestos (bajo 650 mil pesos mensuales de ingreso). La reforma a través de la integración corrige esta inequidad. Un sistema único y plenamente integrado tiene la ventaja de simplificar nuestro régimen tributario al eliminar la coexistencia de varios tratamientos distintos. Entre los mayores beneficiados están los empresarios PYME que no tienen ni el tiempo ni los recursos para determinar cuál régimen tributarios les conviene.

Adicionalmente la reforma permitirá sumar a 167 mil empresas pequeñas y medianas a una tasa de impuestos de 25% en circunstancias que hoy deben pagar 27%. Ya con estos dos antecedentes, es posible calificar de “fake news” la afirmación de una montonera de diputados, varios de los cuales jamás ha pagado un impuesto, que han dicho que la reintegración favorece al 1% más rico de la población. La reintegración favorecerá fundamentalmente a las Pyme postergando su pago de impuestos y no a las grandes fortunas que tienen otros mecanismos para evitar pagar la tasa de 44,55 % que hoy pagan los empresarios Pyme. De hecho, los empresarios más ricos no necesitan retirar utilidades para vivir y un gran número de ellos ya pagó el impuesto sustitutivo de manera que incluso podrían retirar sin pagar impuestos con el régimen actual. Reintegrar es progresivo entonces, pese a la desinformación que algunos políticos han instalado en este tema.

El régimen pro Pyme que se crea con esta ley mejora los beneficios para ese segmento, al permitir acceso automático a empresas con ventas de hasta 75.000 UF (hoy el límite es 50.000 UF). También permite tributación en base caja, manteniendo el beneficio de la depreciación instantánea y para promover la inversión establece una depreciación instantánea de 100% para la Araucanía y 50% para el resto del país. Adicionalmente, establece una tasa preferencial para el pago de PPM.

Lo que no gustaba de la reintegración, además de la falsedad esa del 1% más rico, es que al imputar impuestos pagados por una empresa al global complementario de sus propietarios originaba una baja en la recaudación, que se estimaba en una cifra del orden de 833 millones de dólares anuales. La reforma que fue aprobada en definitiva, establece una serie de compensaciones mediante alzas de impuestos y cambios normativos que permiten, en términos netos, recaudar cerca de 460 millones de dólares adicionales al año. Estos impuestos recaen principalmente sobre contribuyentes de altos ingresos, un requisito que pusieron los negociadores de la oposición. Dicho resultado se logra cambiando normas sobre el Impuesto adicional en financiamientos back to back; límites al uso de market maker; una nueva norma especial antielusión que faculta al SII para verificar que las utilidades retenidas en la empresa no beneficien indebidamente a los propietarios; derogación de exención del impuesto territorial a terrenos forestales; y un nuevo ingreso tributario a las regiones por aporte de 1% por grandes proyectos, entre otras medidas. En este último caso, desgraciadamente, la oposición eliminó la disposición que consideraba el 50% de ese aporte como crédito tributario, con lo que no está claro que el beneficio de incentivar a las regiones para que aprueben nuevas inversiones será mayor que el costo de pagar un nuevo tributo a la inversión.

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados contiene varias otras modernizaciones, como la boleta electrónica que disminuirá la evasión, una carpeta electrónica y digitalización del proceso y grava con IVA a los servicios digitales y realiza una nueva formulación para los impuestos verdes.

Por último, contiene normas que mejoran la certeza jurídica para los contribuyentes, aunque aquí también la Oposición cercenó algunas de las que contenía el proyecto, por ejemplo en las propuestas sobre norma general antielusión, dejando discrecionalidad al SII en algunas materias, cuestión que habría que corregir en el Senado.

Todo este proceso demoró un año en la Cámara de Diputados. ¿La propuesta del Senador Lagos Weber de cambiar radicalmente el proyecto modificando la integración para entregar a cambio una rebaja de tasa a las empresas es auténtica, o sólo dilatará la tramitación? Debemos darle el beneficio de la duda porque es un parlamentario serio. Sin embargo, debiera rendir una prueba de la blancura. ¿Es capaz de comprometer los votos de la Oposición para bajar la tasa de impuesto a las empresas de 27 a 25%? ¿O sólo estamos frente a una propuesta que dilatará aún más la tramitación de la reforma tributaria?