En 2019, la Dirección de Presupuestos (Dipres) encargó la evaluación de 17 programas estatales, que en total involucran un gasto anual de US$ 630 millones. Ello, con la finalidad de determinar espacios de mejora en su diseño y gestión y realizar recomendaciones a las instituciones a cargo de éstos.
De acuerdo a un análisis de Libertad y Desarrollo, del total de programas evaluados, solo uno fue calificado como de buen desempeño, mientras que seis obtuvieron un mal desempeño, tres uno bajo y siete un desempeño medio. Esto significa que la mayoría de las iniciativas analizadas presentaron problemas importantes y que posiblemente estén incumpliendo sus objetivos finales.
Peor aún, la mayoría de estos programas llevan varios años funcionando.
En promedio, aquellos que obtuvieron un mal desempeño tienen una antigüedad de 14 años. Y hay algunos que, a pesar de haber sufrido cambios en respuesta a evaluaciones negativas anteriores, hoy siguen mostrando resultados insatisfactorios.
Si somos optimistas, podríamos esperar que, dado que los programas evaluados corresponden a una proporción baja del gasto público total, éstos no necesariamente sean representativos del resto de las iniciativas que lleva a cabo el sector. Sin embargo, los datos de los años previos sugieren otra cosa. Entre 2011 y 2017, un 55% de los programas evaluados por la Dipres fueron calificados como de desempeño insuficiente y solo un 4% con buen desempeño. Por su parte, las evaluaciones realizadas en 2018 arrojaron resultados similares a los del presente año.
Esta información deja en evidencia las deficiencias de la gestión estatal en ámbitos tan sensibles como la erradicación de campamentos, el cuidado de niños por parte del Sename y el apoyo a la formación continua de los docentes. Lo que trasciende gobiernos. Si bien hay que rescatar que al menos contemos con mecanismos para evaluar y apoyar su mejora, la verdad es que éstos todavía son incipientes. Mientras este tipo de evaluaciones no se asocie a la continuidad y financiamiento de los programas, seguiremos viendo cómo año a año los recursos de los contribuyentes no cumplen correctamente el fin para el cual se han recaudado.
Frente a esta realidad, cuesta entender que la tendencia en el debate público de los últimos años sea exigir una mayor participación del Estado en áreas como la educación, la salud y recientemente en la administración de las pensiones. Pues nuestra experiencia dista mucho de la utopía estatal que algunos insisten en presentar. Antes de aumentar su tamaño, debemos recordar de cuál Estado se trata y cuáles son sus posibilidades de cumplir con lo que se nos está prometiendo. Lo más prudente es esperar a que éste primero responda adecuadamente en los ámbitos en los que ya tiene competencias y, recién ahí, analizar si conviene entregarle más atribuciones en nuevas áreas.
