Cuando yo era chica, Chile se vanagloriaba de su larga y sólida trayectoria democrática. Así, aferrándose al famoso y dudoso excepcionalismo chileno, crecimos en la convicción absoluta de nuestra invulnerabilidad. Sencillamente no estaban en el horizonte de lo posible una Unidad Popular, un golpe o una dictadura militar. Un estudio de opinión de 1998 muestra que el 60% de los venezolanos consideraba que la democracia era la mejor forma de gobierno, cifra muy superior a la nuestra y a la de la mayoría de los países del continente. Sin embargo, la convicción del pueblo de Venezuela tampoco fue suficiente para evitar la caída en la abyecta dictadura de Maduro. Ello, porque no hay ningún país en el mundo que sea realmente inmune a la tiranía.

Lo que sucede es que, como afirman los autores de 'Cómo mueren las democracias', hay una nueva forma de socavarlas casi imperceptible en sus inicios, menos dramática, pero igualmente perversa, que no proviene necesariamente de un golpe de generales rebeldes, sino de la lenta y sostenida erosión del sistema en pasos casi invisibles, llevados a cabo muchas veces por dirigentes que, en su momento, fueron elegidos mediante un proceso electoral, para luego traicionar el mandato popular. En Chile, hoy, ciertamente habría que agudizar la mirada y asumir la fragilidad de nuestra democracia. No me refiero a los problemas de raíz constitucional que normalmente se señalan. Ya hay suficientes 'legalistas' que, acorde a una larga tradición latinoamericana, estiman que todo problema tiene una raíz jurídica y es susceptible de ser subsanado por medio de otra ley.

El problema es que la democracia no depende solamente de normas positivas escritas. La democracia, para ser tal, tanto como de las normas, depende de la cultura que la inspira y exige el predominio de ciertos valores y prácticas ciudadanas que son a veces intangibles, pero que es preciso cuidar y nutrir. Muchas son las virtudes cívicas que deben inspirar el diálogo democrático y muchas las actitudes que es preciso rechazar. Entre estas, la intolerancia a la crítica; la adhesión a cosmovisiones que son mutuamente excluyentes y amenazantes; la polarización, que trasciende los desacuerdos objetivos y los transforma en discrepancias existenciales que invaden los afectos, se nutren del odio, la agresión y el resentimiento; la apelación a la violencia, la pasividad frente a ella o la complicidad con quienes la promueven.

Pero hay dos formas particularmente efectivas de erosionar la siempre frágil y vulnerable democracia: una es a través de la palabra, esa que deslegitima moralmente a los adversarios por el mero hecho de serlos, definiendo a los oponentes como enemigos, criminales o narcotraficantes, dejándonos, a la pasada, sin actores viables para que el sistema funcione. Y otra, más grave, es el uso de las prerrogativas legales para fines distintos a aquellos para los cuales fueron instituidas. Así, tratar de cambiar la integración del gabinete y pretender destituir a la ministra de Educación por medio de una acusación constitucional sin fundamento jurídico y como mera represalia, destruye otro elemento esencial de la cultura cívica, que es la confianza entre representados y sus representantes. 

Y peor es la decisión socialista de vetar el ingreso a las comisiones legislativas a los subsecretarios, maniobra que con razón es percibida por la ciudadanía como una guerra de guerrillas que rompe la indispensable cooperación entre el Ejecutivo y el Congreso para mejorar la discusión y elaboración de las leyes que nos van a regir. Necesitamos saber que si la democracia llega a fallar otra vez, lo que se pierde son los derechos, la libertad y la justicia. Y es por eso que Thomas Jefferson sostenía que 'el precio de la libertad es la eterna vigilancia'.

Columna de Lucía Santa Cruz, Consejera de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-