Los diputados que impulsan la moción que reduce la jornada laboral, inconstitucional —al contrariar abiertamente el artículo 65 N° 4 de la Constitución— e inconveniente por sus efectos económicos, continúan contraviniendo el ordenamiento jurídico y siguen empeñados en profundizar el impacto negativo de su propuesta. En efecto, mediante una indicación pretenden incluir el tiempo de colación al cómputo de la jornada laboral, agravando, en consecuencia, los efectos advertidos previamente por reputados economistas de diversos sectores.
Asimismo, y pese a los defectos de que adolece la moción, la presidenta de la comisión de Trabajo ha citado a la comisión para el día lunes a fin de votar el articulado del proyecto. Dicha decisión, en principio inofensiva, atenta directamente contra el espíritu de las urgencias legislativas al desentenderse de la existencia de dos proyectos de ley —modernización de la Dirección del Trabajo y documentos electrónicos laborales— que tienen suma urgencia.
Habiéndose renovado la urgencia suma para estos proyectos el 20 de agosto, se debe considerar lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso que establece que la Cámara respectiva deberá despachar los proyectos con suma urgencia dentro de 15 días, siendo estos prioritarios. Igualmente, la presidenta de la comisión hace caso omiso al numeral 2° del artículo 230 del Reglamento de la Cámara, que dispone que las comisiones técnicas podrán reunirse en cualquier día cuando deban ocuparse de un proyecto con suma urgencia o discusión inmediata, fijando una limitación expresa: las comisiones solo podrán ser citadas para estos efectos y ni por asentimiento unánime podrán tratar otras materias.
La diputada Yeomans, en su rol de presidenta de comisión, y en general todos los parlamentarios, deben cuidar la observancia de los preceptos legales que sustentan nuestro Estado de Derecho y velar por el cumplimiento del reglamento de la corporación. ¿O es mucho pedir?
Carta de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo y John Henríquez, abogado del Programa Legislativo, publicaba en El Mercurio.
