Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogiĆ³ un recurso de protecciĆ³n interpuesto por un grupo de sindicatos en contra del dictamen emitido por la DirecciĆ³n del Trabajo, a travĆ©s del cual reconsideraba su doctrina respecto a los grupos negociadores.
La decisiĆ³n del tribunal merece, al menos, dos comentarios. Primero, sorprende que la Corte haya omitido referirse a lo resuelto por el Tribunal Constitucional el aƱo pasado, fallo en que determinĆ³ que el derecho a negociar colectivamente estĆ” radicado en cada uno de los trabajadores individualmente considerados. Segundo, evita pronunciarse sobre los artĆculos del CĆ³digo del Trabajo que seƱalan expresamente la existencia legal de los acuerdos de los grupos negociadores como instrumento colectivo. No obstante lo que resuelva la Corte Suprema, el Congreso -al conocer el proyecto que modifica la Reforma Laboral- deberĆ” dotar a los grupos negociadores de un procedimiento con el cual puedan negociar colectivamente.
Conviene recordar que la ConstituciĆ³n establece que 'La negociaciĆ³n colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar'.
AsĆ, queda de manifiesto que la totalidad de los trabajadores detentan este derecho, con independencia de si estĆ”n o no sindicalizados.
Carta de John HenrĆquez, investigador del Programa Legislativo de LyD, publicada en Diario Financiero.-Ā
