En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta redujo la meta de gratuidad en educación superior comprometida en su programa: en lugar de los estudiantes provenientes del 70% de menores ingresos del país, señaló que para el final de su mandato pretende llegar al 60%. Con ésta en mente, este año se avanzó con 125 mil alumnos pertenecientes al 50% de menores ingresos en 30 universidades elegibles, y para el 2017, el compromiso es incorporar a quienes asistan a instituciones de educación superior técnico profesional sin fines de lucro y con 4 o más años de acreditación. Esto, según estimo, permitiría sumar del orden de 50 mil alumnos de 7 Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).
De esta forma, se confirma la intención del Gobierno de seguir condicionando arbitrariamente la gratuidad a características de la institución, lo que es incorrecto, pues el financiamiento estudiantil es un beneficio para el alumno. Peor aún, las exigencias en este sentido son dispares: el requisito de años de acreditación no rige para instituciones del Consejo de Rectores, aun cuando al interior de éste hay 3 universidades estatales que lo incumplen. Así, habrá unos 160 mil estudiantes del 50% de menores ingresos que estudian en 22 CFT e IP que serán excluidos de la gratuidad, aunque tienen igual o mejor acreditación que estas 3 universidades que sí entran. El caso de Inacap ejemplifica muy bien cómo los criterios ideológicos del Gobierno son incoherentes con los objetivos de equidad: a pesar de su excelente calidad (respaldada por sus 6 años de acreditación), sus más de 40 mil alumnos que según nuestras estimaciones pertenecen al 50% de menores ingresos del país, serán excluidos de la gratuidad.
No soy partidaria de concentrar los aumentos del gasto público en educación superior; pero si es el camino elegido, creo que al menos debiera hacerse en forma justa. La Presidenta, en cambio, si bien ajustó en algo las expectativas a la realidad, ratificó de todas formas con su discurso su intención de continuar con una gratuidad discriminatoria y basada en arbitrariedades, y que sospecho no logrará mejorar ni la calidad ni la equidad en el acceso a este nivel educativo.
Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Pulso.-