El 7 de abril se celebró un nuevo día mundial de la Salud. Para este año, la OMS destacó como desafío central en esta materia la concienciación y prevención de la diabetes en el mundo, la cual ya ha adquirido características de epidemia. Su prevalencia a nivel global ha aumentado de manera preocupante, de hecho en 2012 habría sido la causa directa de 1,5 millones de defunciones. Nuestro país no se queda atrás: 12,3% de nuestra población es diabética, ¡el doble del promedio mundial! Encabezamos el ranking de Sudamérica, y somos segundos del continente (ni siquiera nos supera EE.UU., ícono de la obesidad a nivel mundial).

El llamado de atención nos resulta muy atingente, puesto que en nuestro país existen una serie de factores de riesgo que lo hacen más propenso a que las estadísticas nacionales de diabetes sigan mostrando “números rojos”. La tasa de obesidad y el consumo de tabaco en nuestra población adulta superan con creces el promedio de la OCDE, a lo cual se suma un consumo de alcohol preocupantemente creciente. A su vez, la diabetes tiene mayor prevalencia en la población adulta mayor, lo cual resulta un factor más a considerar en un país como el nuestro cuya población envejece aceleradamente. Además, nuestros esfuerzos de prevención secundaria (detectar y entregar tratamiento cuando la enfermedad ya está presente) no han resultado del todo efectivos: de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud (2010), sólo cerca de la mitad de la población diabética se encuentra recibiendo algún tipo de tratamiento, y sólo un poco más de un tercio de los diabéticos registró al momento del estudio un parámetro de control aceptable.

Prevenir esta patología y otras enfermedades no transmisibles (ENT) es sin duda un desafío prioritario tanto a nivel global como para nuestras autoridades sanitarias, no sólo por los beneficios que esto traería a la población, sino por la importante liberación de recursos que esto podría acarrear. Éstos podrían ser utilizados para atender los problemas que afectan a nuestro desmejorado sector público en salud, tales como listas de espera, deuda hospitalaria creciente, falta de especialistas, entre otros.

El sector privado también tiene un rol clave que jugar para atender este desafío, por ejemplo en materia preventiva con sus asegurados. Pero nuestra regulación debiese avanzar a entregarle un mayor espacio para aumentar la escasa integración que éste tiene con el sistema público, originada en la aversión que nuestras autoridades han mostrado hacia este tipo de sinergias. Esto porque la solución para un manejo más eficiente de las ENT requiere una mirada multidisciplinaria, donde la clave está en la coordinación entre todos los actores, tanto públicos como privados, pero también de los encargados de los diferentes niveles de atención: prevención, curativos y de manejo de enfermedad. El control de costos es posible con la creación de redes de prestadores, e incluso hay ejemplos (en contra de lo que se ha sugerido) en que la integración entre seguro y prestador podría contribuir a esta causa (Holanda, Suiza, EE.UU.).

Finalmente, los costos de salud crecientes volvieron a ser noticia hace algunos días a propósito del reajuste de precios de los planes de salud privada. La importante y creciente prevalencia de las ENT en Chile es efectivamente una fuente relevante de este problema. En este contexto, resulta absurdo impedir un reajuste objetivo en el precio de los planes, como ocurre en la práctica con la creciente judicialización existente en este ámbito, puesto que esto termina siendo una fuente adicional de aumento en los gastos del sistema de salud privado. Resulta clave abordar el vacío legal existente en esta materia y establecer una formula objetiva que le permita a cada aseguradora realizar un ajuste imparcial en el precio de sus primas.

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-