La ministra de Educación confirmó que se buscará avanzar hacia la gratuidad parcial de la educación superior el año 2016, partiendo por los alumnos del 60% de menores ingresos que estudien en universidades del Consejo de Rectores (CRUCh). En la opinión pública este anuncio fue considerado injusto, pues deja afuera a dos de cada tres estudiantes universitarios del 60% de menores ingresos, por estar en universidades no elegibles. Lo cierto es que esta reforma profundizará un defecto ya existente en el sistema de financiamiento estudiantil, en la medida que las actuales ayudas del Estado discriminan a los estudiantes de igual necesidad económica según el tipo de institución a la que asisten.
Pero más grave aún es que con este anuncio se dará el vamos una política todavía más injusta, de la cual quedarán excluidos el 73% de los jóvenes provenientes del 20% de menores ingresos que ni siquiera han tenido la opción de acceder a la educación superior. Ellos verán cómo sus prioridades son dejadas en lista de espera, para destinar cuantiosos recursos a financiar el principal medio por el cual sus pares más aventajados seguirán sacándoles distancia. Y no hay antecedentes para esperar que esta iniciativa mejore el acceso a educación superior, pues al revisar las principales razones por las cuales los jóvenes más vulnerables no asisten a este nivel educativo, encontramos que solo uno de cada diez se ve limitado por razones económicas. El resto tiene restricciones anteriores que dan cuenta de una educación previa deficiente, de circunstancias familiares y del costo alternativo que significa trabajar. Nada de eso se resolverá financiando el arancel en las universidades del CRUCh.
Por distraernos en los detalles, estamos perdiendo el fondo de la discusión: la gratuidad en educación superior es una política injusta e ineficiente, y avanzar hacia ella -de la forma que sea- es una mala idea. No solo porque desatiende a los que más apoyo necesitan, sino también por las consecuencias negativas que podría llegar a tener en la autonomía de las instituciones y en el desarrollo futuro del sistema de educación superior.
Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social Libertad y Desarrollo (LyD), publicada en Pulso.-
