REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE NUESTRA SUBDIRECTORA, ROSANNA COSTA, PUBLICADA EN LA TERCERA.

La reforma tributaria enviada por el gobierno fue catalogado en forma cuasi unánime como un muy mal proyecto. Después de haber escuchado a especialistas criticar el proyecto en casi todas las presentaciones escuchadas en el Senado, y tras constatar además que nuestra economía estaba experimentando un deterioro difícil de explicar solo por variables tradicionales,  se llega a un protocolo de acuerdo, a partir del cual se redactarían las indicaciones al proyecto de ley.

La tarea siempre se vio difícil, por la complejidad del proyecto, y la premura del tiempo. Pero se entiende que lo más difícil, el acuerdo, estaba plasmado en un texto que firmaron las partes. Por tanto este marco de referencia es el marco a respetar cabalmente.

El documento que firmaron los senadores con el gobierno, que ha sido calificado reiteradamente  como el acuerdo del “mal menor”, incorpora una gran variedad de temas. Pero en esencia, se quiere destacar que hace un aporte relevante al reponer  incentivos al ahorro con el sistema semi-integrado.

Por una parte la tasa de impuesto a las utilidades sube desde 20% (tasa que no hace mucho era 17%) a 27%.  Esto es en sí un desincentivo poderoso al ahorro y la inversión, que opera a través de reducir la rentabilidad neta de los proyectos, la cual lleva que algunos de ellos dejen de realizarse, con el consecuente efecto en menor crecimiento y empleo.

Para un país de ingreso medio, es un proyecto ambicioso (casi temerario) que nos ubica sobre la medianía de las tasas que pagan las empresas en los países ricos de la OECD, la cual llega a 25.5%. Pero esos países, que ya crearon riqueza acorde con condiciones de vida a su población muy superiores a la nuestra, tienen un sistema tributario que evita castigar en exceso al ahorro. En esos países las utilidades retiradas pagan un impuesto más alto, llegando en promedio a tasas de 42%. Esto significa que si éstos recursos no se retiran, no se castigan con este mayor impuesto. Así, se logra incentivar el ahorro y la reinversión en las  empresas, y lo hacen  sin restricciones.  Esto finalmente sucede en esencia ya sea en los sistemas integrados, semi-integrados o los desintegrados.

Al incluirse en el acuerdo un sistema de impuestos semi-integrado, se define una tasa de 27% a todas las utilidades de la empresa, pero si los socios retiran, entonces se les da un crédito por el 65% de lo ya pagado (17,5% en vez del 27%) pero se les cobra adicionalmente  el impuesto global complementario que en el tramo más alto es 35%. Un castigo al retiro similar a la mediana de la OECD.

Sin embargo, apenas conocido el acuerdo han surgido solicitudes para restringir el uso de los recursos retenidos en la empresa, aludiendo a que sería fuente de elusión. Ello es absolutamente contrario a las prácticas más usuales  de los mismos países que estamos emulando con esta reforma, y absolutamente ajeno al protocolo que está sobre la mesa.

Poco quedaría de rescatable de este complejo acuerdo si un elemento tan sustantivo del mismo, como limitar el uso de los recursos no retirados o la reinversión fuese acogido y prosperara. Es medular en una propuesta que busca instrumentos que fomenten el ahorro. Nuestra economía, contrario a los lineamientos del proyecto,  requiere incrementar sus tasas de ahorro para financiar la inversión sin incurrir mayores déficits de cuenta corriente. En escenarios de riesgo los capitales externos no ven con los mejores ojos a los países con déficit. Y en lo político, se pasa por sobre un acuerdo que fue en lo medular, considerado un avance respecto de lo que había sido propuesto por el ejecutivo.

Estamos en las horas en que las tensiones y los trascendidos aumentan. En medio de ellas, existe un acuerdo firmado que permitió bajar las tensiones, que ha sido calificado como un mejor esfuerzo a lo que existía, y que fue largo y tedioso elaborar. ¿A nadie le sirve volver atrás?