A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.
Algunos toman como verdad irrefutable que la existencia de colegios particulares subvencionados con fines de lucro es un mal que hay que erradicar cuanto antes de nuestro sistema escolar. La imagen que se han formado es que sus sostenedores serían empresarios inescrupulosos, que se aprovechan de familias vulnerables para enriquecerse, cobrándoles altas sumas de dinero y entregándoles una educación de pésima calidad. La ignorancia de estas familias ayudaría a tenerlas cautivas en estos colegios, y no tendrían la capacidad ni la iniciativa para cambiar a sus hijos a un colegio mejor.
Pero lo anterior no calza precisamente con la realidad. Hoy día la mayoría de las familias chilenas elige voluntariamente la educación escolar privada por sobre la municipal. Si hace diez años el 51% de los alumnos asistían a escuelas y liceos municipales y el 40% a establecimientos particulares subvencionados, hoy estos porcentajes se revirtieron: sólo el 38% asiste a colegios municipales y el 54% a particulares subvencionados. Más aún, 3 de cada 4 alumnos que estudia en un colegio particular subvencionado, lo hace en uno con fines de lucro.
En la práctica no se ve por dónde los colegios particulares subvencionados con fines de lucro tendrían espacio para generar grandes rentas a costa de sus alumnos. El 90% de los sostenedores tiene un solo colegio, con un promedio de menos de 300 alumnos (versus más de 500 en los establecimientos sin fines de lucro). 6 de cada 10 colegios con fines de lucro son gratuitos (no cobra una mensualidad o financiamiento compartido), versus 5 de cada 10 de los particulares subvencionados sin fines de lucro. La mensualidad promedio de los establecimientos con fines de lucro que cobran un financiamiento compartido es de $ 16.400, levemente inferior a los $ 17.000 promedio que cobran los establecimientos sin fines de lucro.
Y respecto a la calidad, existen ejemplos de excelentes colegios con fines de lucro que logran resultados sobresalientes dentro de su grupo socioeconómico. Déjenme profundizar con dos casos notables, que derrumban la caricatura de “empresarios inescrupulosos que roban a sus estudiantes”.
La Escuela Francisco Ramírez de San Ramón es particular subvencionada con fines de lucro y atiende a un 60% de alumnos considerados vulnerables. El año 2012 los alumnos de 4° básico obtuvieron un SIMCE de 340 puntos en lectura y 352 en matemáticas, el promedio más alto del país en los tres sistemas (municipal, subvencionado y particular). Esta escuela fue fundada hace 51 años por la educadora María Gatica Ramírez, quien llegó desde Concepción y empezó con tan solo una sala de clases en la entrada del actual colegio; hoy son sus hijos lo que continuaron con su legado. Sus claves son la motivación ("Querer es poder", se lee en una gigantografía en uno de los patios) y la disciplina y exigencia académica: para ellos no importa la procedencia, todos son capaces de salir adelante.
El colegio Eduardo Martín Abejón de Constitución también es particular subvencionado con fines de lucro. Está ubicado en una de las poblaciones más estigmatizadas de la ciudad, no obstante, en los últimos años se ha ubicado entre los cinco mejores establecimientos con puntajes SIMCE del país; el año 2011 obtuvo el mismo puntaje que el Grange, uno de los colegios particulares pagados más demandados de Santiago. El director cuenta que construyó la primera escuela con sus propias manos, y que la clave de su éxito es la búsqueda por innovar en educación. Según él: “antes la máxima aspiración de los niños era hacer el Servicio Militar y de las chiquillas juntarse con alguien"; hoy tiene a 100 ex alumnos en la universidad.
El que estos establecimientos se hayan constituido como corporaciones que pueden extraer excedentes no afecta en lo más mínimo a su calidad educativa, ni a la calidad humana de sus sostenedores. Ambos han entregado tiempo y recursos propios para dar a sus comunas una alternativa de educación de calidad, y sin embargo, el Gobierno quiere frenarlos. La eliminación del lucro a través de la prohibición de entregar subvención a estos establecimientos educacionales, no sólo afectará a estos colegios, sino a más de 1 millón de alumnos a lo largo de todo Chile, que optaron libremente por uno de estos colegios.
Es hora de que quienes forman parte de estos colegios defiendan su opción. No sólo sus sostenedores, sino también los alumnos y sus familias, porque son ellos los que saben lo que más les conviene y porque nadie tiene el derecho a decidir por ellos y quitarles sus opciones. No basta con que investigadores y algunos políticos que todavía se atreven a remar contra la corriente de la aparente mayoría saquen a relucir estas realidades. Es necesario que quienes se ven directamente involucrados, y que por lo tanto serán perjudicados si se lleva a cabo la prohibición del lucro, alcen la voz y defiendan sus opciones que hoy están en peligro de extinción.
