FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ALQUIMIA INSTITUCIONAL

A continuación, reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, originalmente publicada en La Tercera.

 

El gobierno presentará próximamente ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que reforma la Ley de Partidos. Incorporaría cambios sustanciales en materias como constitución y disolución, transparencia, democracia interna, derechos y deberes de los militantes, etc.; no incorporaría financiamiento público a éstos en épocas no electorales. Es evidente: habrá pataleta.

La actual Ley de Partidos establece que los ingresos de éstos estarán constituidos por las cotizaciones de sus militantes, donaciones y los frutos y productos de los bienes de su patrimonio, recalcando que estos ingresos sólo podrán tener origen nacional. Se trata entonces de un sistema privado de financiamiento. Por lo demás son personas jurídicas de derecho privado, tradición casi ininterrumpida en nuestra vida republicana.

Con todo, tanto los partidos como candidatos a cargos de elección popular reciben financiamiento público durante el periodo de campañas electorales. A lo anterior, se debe sumar también la franja electoral gratuita. Sin embargo, se podría considerar como financiamiento corriente, las asignaciones parlamentarias, en la medida que a través del presupuesto del Congreso Nacional se entregan fondos a cada parlamentario para que cuenten con sistemas de asesorías legislativas y oficinas distritales, que muchas veces más bien financian las redes de bases y estructuras territoriales de los partidos.

Se trata de un debate de fondo que comenzará al minuto siguiente del ingreso del proyecto. Porque más allá de las restricciones presupuestarias, el uso eficiente de los recursos públicos o el rechazo abrumador de los chilenos a esta iniciativa (78% Encuesta Auditoría de la Democracia 2012, PNUD), todos argumentos de los detractores del financiamiento estatal, ¿cuál es la razón de fondo que impide que algunos partidos políticos no consigan recursos en la sociedad civil? ¿Por qué organizaciones culturales y sociales compiten por los aportes privados y son más exitosos que algunos partidos –incluso sin una ley de donaciones–? Podrían existir, por cierto, problemas organizacionales que impidan a un partido llegar a potenciales contribuyentes, ¿pero puede ser cierto ante las nuevas tecnologías? Una mirada de competencia nos diría que se trata simplemente de malas ideas, de ofertas poco atractivas.

Así las cosas, financiamiento público para la política existe, la pregunta es si debiesen ampliarse las reglas existentes y en qué sentido. Algunos han sugerido que estamos ante genuinos bienes públicos y ello recomienda la acción estatal. Subsidios incondicionales a los partidos –dinero para pizzas– parece una mala idea y no terminan con las prácticas corruptas que se desea evitar y suelen generar el incentivo a ir aumentando dicho financiamiento: en Alemania, por ejemplo, sólo entre 1965 y 1995 creció aproximadamente 58 veces. Algunos han propuesto, correctamente a mi juicio, muy pequeñas dosis de financiamiento estatal condicionadas a la generación de bienes públicos: por ejemplo, matching funds a las cuotas de militantes activos o formación de militantes, o incentivos económicos a mejoras en la democracia interna o las donaciones de personas naturales.

En definitiva volvemos a un punto recurrente de nuestra política nacional, pretender mediante la alquimia institucional y financiera, soslayar problemáticas que encuentran su razón en aristas que los actores involucrados se niegan a visualizar.