El 8 de julio, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de Protección Tarifaria Eléctrica (Boletín N° 18.384‑08) y lo despachó al Senado. La iniciativa busca contener el impacto de las alzas en las cuentas de la luz, extender hasta 2027 el subsidio eléctrico para los hogares más vulnerables, regularizar procesos tarifarios atrasados y reforzar la seguridad y calidad del suministro. Son objetivos atendibles, sobre todo cuando regiones como Los Ríos y Los Lagos enfrentan alzas cercanas al 19% y la calidad del servicio se ha deteriorado: el SAIDI de 2025 —el indicador que mide las horas de interrupción que sufre en promedio un cliente— alcanzó 15,2 horas, muy lejos de la meta de 4 horas fijada para 2035.

Sin embargo, el proyecto no enfrenta un hecho tan simple como incómodo: un mejor servicio eléctrico cuesta más. Esos mayores costos deben reconocerse de manera transparente en la tarifa y compensarse con subsidios focalizados a los hogares de menores ingresos —como ocurre hoy con el subsidio al agua potable—, y no diluirse entre todos los clientes ni ocultarse en la boleta. La iniciativa, en cambio, financia prácticamente todas sus medidas con cargos que pagan los propios clientes regulados a través del Fondo de Estabilización de Tarifas, y no con rentas generales, como suelen financiarse las políticas sociales.

El mayor reparo al proyecto de ley dice relación con el debilitamiento de la base de nuestro modelo regulatorio. Las tarifas de distribución se fijan sobre una "empresa modelo eficiente": un estándar teórico que obliga a las distribuidoras a operar de manera eficiente para obtener utilidad y que impide traspasar al cliente las ineficiencias propias de un monopolio. Ese mecanismo ha sido, por décadas, el principal resguardo del usuario. El proyecto, sin embargo, abre una vía paralela para remunerar inversiones reales por veinte años, "por fuera" del modelo. Lo razonable sería ajustar la empresa modelo a las nuevas condiciones que enfrenta el sector —eventos climáticos extremos, robo de conductores, mayores exigencias de calidad—, y no rodearla con un canal que igual eleva la tarifa, pero de forma potencialmente más ineficiente y con mayor riesgo de captura del regulador. Que el propio proyecto deba prohibir expresamente el "doble pago" es señal de que su diseño lo hace posible.

A ello se suma el tratamiento de la deuda. Los saldos que el proyecto busca pagar se originan, en buena parte, en retrasos de hasta 43 meses del propio Estado en dictar los decretos tarifarios. Frente a ello, la iniciativa vuelve a diferir la deuda: crea una nueva componente en la boleta —de $5 por kWh, vigente hasta 2035— para pagar un saldo que, paradójicamente, la Superintendencia recién calculará una vez publicada la ley. Es decir, se fija cuánto pagará la gente antes de conocer el monto definitivo de la deuda, y se faculta a la autoridad a elevar ese cargo si los recursos no alcanzan, sin un techo establecido en la ley. Postergar el pago no es gratis: la deuda sigue acumulando intereses que, a fin de cuentas, pagarán los mismos clientes.

Nada de lo anterior implica desconocer la necesidad de ordenar el sistema o de proteger a las familias frente a las alzas. El reparo es sobre el cómo. Una política pública consistente debería reconocer los costos reales del servicio y focalizar la ayuda mediante subsidios financiados con rentas generales; fortalecer —y no rodear— la empresa modelo eficiente; fijar por ley un límite y una regla objetiva de ajuste al nuevo cargo, acreditando su suficiencia solo una vez conocido el monto real de la deuda; y transparentar en el presupuesto el costo de los retrasos, en lugar de trasladarlo a la cuenta de la luz.

El proyecto avanza ahora al Senado. Es la oportunidad para corregir estos aspectos y evitar que una iniciativa que busca aliviar hoy termine, como en el pasado, trasladando el problema —y sus intereses— hacia el futuro.