PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL: UN BUEN PISO MÍNIMO

El Gobierno ingresó una indicación sustitutiva a la Ley Corta de Pensiones que establece la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU) por un monto máximo de $ 185.000 para todos los mayores de 65 años que estén en el 90% de la población más vulnerable. Este beneficio reemplaza los actuales beneficios otorgados por el sistema de pensiones solidarias (pensión básica solidaria para quienes no cotizaron y aporte previsional solidario para quienes tienen una pensión autofinanciada) y, además, permite beneficiar al 90% de la población mayor de 65 años, ampliándose así la cobertura respecto del 60% que actualmente beneficia el Pilar Solidario.

Así, de acuerdo a cifras del Ministro del Trabajo presentadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en 2022 se beneficiarán a 2.145.663 personas, de las cuales 1.540.880 son actuales beneficiarios del Pilar Solidario y 604.783 son personas que actualmente no estaban recibiendo ningún aporte estatal por no pertenecer al 60% de la población más vulnerable. En 2050, esta cifra más que se duplica, llegando a favorecer a 4.783.903 personas en total, de las cuales 1.308.773 no recibirían ninguna ayuda estatal de mantenerse la actual estructura del sistema de pensiones solidarias.

Para acceder a la PGU se debe haber cumplido 65 años, no pertenecer al 10% más rico de la población de 65 años, acreditar residencia en Chile de al menos 20 años (contados desde los 20 años de edad, y con un mínimo de 4 años de los últimos 5 años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio) y tener una pensión menor a $ 1.000.000.

El monto del beneficio será calculado en función de la pensión base a la edad de jubilación de la persona, independiente de si se pensionan o no. De acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, quienes tengan un monto de pensión base menor o igual a $ 630.000 recibirán una PGU de $ 185.000 mientras que quienes tengan una pensión base por sobre $ 630.000 pero menor a $ 1.000.000 recibirán un monto que disminuye progresivamente de forma lineal. El gasto fiscal estimado en 2022 es de 0,4% del PIB, y de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028-2034, llegando a 0,92% promedio del PIB en la década de 2040.

Para la Economista de LyD, Ingrid Jones, “se trata de una buena noticia, porque establece un piso mínimo sobre el cual se suma el ahorro obligatorio individual para pensiones (10% actual), lo que incentiva al ahorro previsional de las personas. Es decir, tener un empleo formal y cotizar para pensiones, siempre hará que la persona obtenga un monto de pensión más alto. Además, la PGU se otorga a partir de los 65 años, sin importar si la persona se pensiona o se mantiene laboralmente activo, por lo que también se incentiva a posponer la edad de jubilación, lo que es favorable considerando la longevidad de las personas. Finalmente, la ampliación al 90% de la población más vulnerable de 65 años permite beneficiar a un número importante de personas que actualmente no está recibiendo apoyo estatal en temas previsionales, lo que es significativo considerando el envejecimiento de la población”.

Como fuentes de financiamiento se señala un nuevo proyecto de ley que modifica exenciones tributarias, provisiones de recursos contemplados en la Ley de Presupuestos 2022 y su programación financiera, y una disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones.