El gobierno inició el proceso de traspaso de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales en el marco de la ley que fue aprobada a fines del gobierno anterior, con múltiples críticas. Si bien se han conocido solo anuncios respecto de las 15 competencias a transferir -no se conocen los decretos supremos respectivos- por ser éste el primer paso de esta reforma legal, resulta clave que se haga bien ya que será el precedente para su implementación en el futuro.

La ley fija que el traspaso de competencias debe ir acompañado con el personal necesario para ello y los recursos suficientes para ejecutarlas, así como también, que se debe evitar la duplicidad de competencias con otros órganos del Estado. Si esto no es así, se corre el riesgo que al alero de la descentralización se duplique la burocracia, aumente el costo de la provisión de determinados bienes y servicios, y que finalmente, si bien contemos con un Estado más descentralizado, éste sea también más ineficiente. 

Adicionalmente, no se puede dejar de mencionar que, frente a los anuncios realizados, ya han surgido voces divergentes, ratificando algo que se esperaba: esta reforma aumentará la conflictividad entre regiones y el gobierno central. Ello, ya que no define cuáles son las competencias que cada nivel asumirá, lo que en definitiva depende de la voluntad del gobierno central. Probablemente las expectativas desde regiones siempre estarán muy por sobre lo que el gobierno central determine transferir, iniciándose así un proceso de descentralización a tirones.

Carta de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-