Doing Business: Polémica afecta la credibilidad del índice, pero suponer intencionalidad política resulta aventurado

El recientemente cuestionado índice de Doing Business es uno de los ranking más importantes realizados por el Banco Mundial. De publicación anual –actualizándose con información hasta el 1 de junio del año previo a su publicación-, busca cuantificar a través de un ranking 190 economías y 11 indicadores que lo componen, el grado de apertura relativo que tiene un país a la actividad empresarial y protección a los derechos de propiedad privada.

Dentro de los 11 indicadores analizados históricamente, se consideran: procesos para la apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. El indicador faltante -regulación del mercado laboral- no se incluyó en la clasificación de este año, ni en las publicaciones desde 2015 incluido. Además, de acuerdo al Banco Mundial hay ciertas áreas que no se ven en el documento, pero que ejemplifican la estabilidad macroeconómica del país, el desarrollo del sistema financiero, la calidad del mercado laboral, la incidencia de la corrupción y el soborno, el tamaño de mercado y la falta de seguridad.

Las fuentes de información del ranking son principalmente cuatro. Las leyes y regulaciones relevantes, los entrevistados por Doing Business, los gobiernos respectivos y el staff del grupo regional del Banco Mundial. La recolección de datos y su verificación sigue un levantamiento de información interno y un posterior cuestionario en base a criterios objetivos realizado a expertos tanto privados como públicos para completar la información (cerca de 13.000 personas este año en el mundo). El desarrollo del cuestionario y el levantamiento de información inicial dura alrededor de 3 meses; luego viene el análisis, la recolección de datos con expertos y la verificación que dura alrededor de 7 meses; y finalmente se publica. En una primera etapa la actualización del cuestionario se hace por parte del equipo de Doing Business con la ayuda de expertos internos y externos; una vez realizado es distribuido y enviado a cada equipo técnico. Estos se ponen en contacto con expertos de cada área encargados del gobierno respectivo y del sector privado, para posteriormente ser enviado a los equipos regionales del Banco Mundial para una última revisión y su publicación.

"Cabe mencionar que no solo los indicadores han cambiado en el tiempo (se incorpora dimensión de género a partir de la publicación del año pasado), sino también la cantidad de países dentro del ranking, afectando en consecuencia la posición relativa de cada uno. Además se introducen cambios metodológicos, siendo ésta situación la que se ha discutido en los últimos días", señala Marcos Balmaceda, investigador del Programa Económico de Libertad y Desarrollo.

Básicamente, la polémica surgió a partir de declaraciones de Paul Romer –economista jefe de la institución – quien habría señalado que hubo irregularidades en el ranking de competencia empresarial, las cuales habrían incidido en que Chile descendiera en el ranking durante los últimos años. De acuerdo a sus propios cálculos, el resultado se compararía de la siguiente manera con el ranking oficial:

El Banco Mundial, en un comunicado oficial, indicó que todo cambio metodológico se realiza en base a un proceso riguroso de consulta, que lo indicadores se basan en datos duros y que son validados interna y externamente, descartando, por tanto, toda influencia política. Comprometió, sin embargo, una revisión externa del indicador de Chile.

De lo anterior, parece poco factible que se haya podido “manipular” la información como se ha pretendido en las redes sociales y como se recoge de las propias declaraciones de la autoridad nacional. "Si bien es perfectamente posible cuestionar la conveniencia y relevancia de los cambios metodológicos introducidos, el proceso de recolección de datos resulta incompatible con un intervencionismo de los mismos con supuestas motivaciones políticas, más aun cuando son aplicados al conjunto de países evaluados", dice Balmaceda.

Resulta, por tanto, prudente esperar los resultados oficiales de la institución y las explicaciones pertinentes, una vez sea hecha la publicación corregida. "Sin duda, no parece razonable que este tipo de indicadores sufran fluctuaciones tan significativas y la polémica por cierto afecta la credibilidad del índice, pero de ahí a suponer intencionalidad política resulta aventurado", asevera el economista.

Por lo demás, resulta evidente del dato corregido por el propio Romer que Chile retrocedió en el ranking del Doing Business durante los últimos cuatro años, confirmando la tendencia señalada por el dato oficial y, por tanto, reafirmando la necesidad de mejorar la competitividad del país. De hecho, sin los cambios metodológicos, el país se encontraría en el lugar 51 en vez de 55, dando cuenta de un importante desafío de mejora pendiente.

Relacionado con lo anterior, es importante recalcar que la principal utilidad de este tipo de indicador es motivar cambios regulatorios que mejoren las condiciones de competitividad de la economía. En este sentido, el Doing Business ha sido importante para diagnosticar hacia dónde dirigir reformas microeconómicas pro emprendimiento. Sin embargo, explica Marcos Balmaceda, "es dudoso que influya en las decisiones de inversión, las que se basan en evaluaciones mucho más profundas del potencial específico de cada país y cada sector productivo". Resulta poco creíble, por tanto, atribuirle responsabilidad en la caída de la inversión de los últimos cuatro años como ha pretendido la autoridad.

Por último, resulta legítimo preguntarse cuál ha sido el rol desempeñado por el representante de Chile ante Banco Mundial. De haber existido cambios metodológicos que afectan el desempeño relativo del país, habría sido esperable que fuera éste el que levantara el punto y no una declaración pública de un funcionario del organismo.