Los últimos días hemos sido testigos de cómo ha ido evolucionado la discusión en torno a la nueva ley que regula los cobros de estacionamientos y las alzas de tarifas que ésta habría provocado. La molestia que diversos usuarios de este servicio han manifestado motivaron a que parlamentarios de distintos sectores políticos pretendieran volver a legislar sobre la materia, intentando una vez más transformar el uso de estacionamientos privados en una especie de “derecho social”, cuyos beneficiarios serán solamente aquellos que cuentan con una situación económica suficiente para tener un automóvil.
Al respecto, y sin querer menospreciar la molestia de algunos usuarios, es importante tener en cuenta algunos elementos antes de volver a intentar regular la materia vía ley. "En primer lugar, recalcar una vez más que nada es gratis, ya que siempre habrá alguien que terminará pagando", dice Jorge Avilés, abogado del Programa Legislativo de LyD. No es un secreto que los estacionamientos requieren de grandes inversiones durante su construcción y los recursos para costear su mantenimiento y operación no son menores (seguridad, cobranza, luces de disponibilidad, indemnización de perjuicios en caso de robos, etc.). Entonces, en un escenario de gratuidad no es justo que los costos asociados al servicio -que finalmente serán incorporados en el precio de arriendo de los locatarios y, eventualmente, en los productos vendidos- terminen siendo en gran parte de cargo de los peatones, quienes subsidiarán a los automovilistas.
"Por otra parte, todas las mociones parlamentarias presentadas terminan incentivando un mayor uso de vehículos privados, lo que a todas luces resulta contrario a la política de transporte público y cuidado del medioambiente que se ha venido propiciando", dice Avilés.
Cabe además recordar que, de prosperar alguna de estas iniciativas, hay una serie de normas constitucionales que estarían siendo vulneradas. Así, vemos que se podrían conculcar derechos como el de propiedad, al limitar los atributos que todo propietario o dueño tiene sobre sus propios bienes; el de igualdad ante la ley, al regular sólo a ciertos sectores y dejando fuera a otros que se encuentran en la misma posición fáctica y jurídica; y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, cuya únicas limitaciones son la moral, al orden público y la seguridad nacional, y no la expectativas de los consumidores y las promesas populistas.
Dicho todo lo anterior, y observando lo que ha ocurrido en este caso, insistimos en que nuestros parlamentarios deben ser más responsables y no deben dejarse llevar por consignas populistas. "Aceptar la intervención del Estado, en la forma de regulación tarifaria u otras medidas, cuando no existe razón fundada para hacerlo, es un riesgo que como país no debiésemos correr", señala el abogado. Preferible sería que nuestras autoridades se ocuparan de mejorar el sistema de transporte público, lo que indudablemente bajaría considerablemente los precios de estacionamientos.
