La Presidenta Bachelet recibió ayer el informe final de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, instancia que reunió a un grupo transversal compuesto por representantes de la sociedad civil, academia, gremios de la región, Iglesias y personeros del mundo de la cultura y las artes, y cuyo mandato principal fue el de abordar los problemas de la región y ofrecer soluciones conjuntas a la grave situación que afecta a la zona sur del país.
Dentro del documento, destacan aspectos como el reconocimiento tanto de la situación de máxima tensión social y violencia, como de la existencia de víctimas de la violencia rural, muchas veces invisibilizadas en el debate político y la opinión pública. Es a todas luces positivo, el que la Comisión descarte la existencia de simple violencia rural, explicitando el hecho de que se trata de violencia con una clara finalidad política realizada por grupos violentistas organizados. En este punto, parece relevante la propuesta de dictación de una ley que crea un fondo de reparación a las víctimas de violencia en La Araucanía, como también la propuesta de dar forma a una Comisión de Reparación de Víctimas de la Violencia en la zona del conflicto.
Por otro lado, también parece destacable el juicio crítico y realista respecto de la política de entrega de tierras, en cuanto a sus alcances y limitantes. En esta línea, parece acertada la propuesta de dictar un nuevo reglamento que regule los mecanismos de compra de tierras del artículo 20 letra b) de la Ley Indígena, que sabemos, muchas veces están sujetas a subterfugios y prácticas de corrupción, de ahí que cobre especial sentido la medida complementaria de una Comisión Especial de Tierras Indígenas como un ente externo a la CONADI y que incluso podrá sugerir mecanismos de reparación o compensación alternativos a la entrega de tierras; medida desde hace años propuesta por instituciones como Libertad y Desarrollo.
Más cuestionables parecen las sugerencias que la Comisión plantea en materia de representación política. En este sentido, el llamado a un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, no se hace cargo de los alcances del mismo, planteando que el fondo y los alcances de este reconocimiento (de derechos ancestrales sobre recursos naturales, por ejemplo) deberá ser sujeto a un amplio debate nacional. Más controversial aún, parece la sugerencia de dar forma a canales de representación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional y la conformación de un padrón especial indígena. Ambas medidas no se hacen cargo de los déficits anteriores de representatividad política de las comunidades indígena y distorsionan de algún modo el principio democrático de igualdad ante la ley.
Finalmente, parecen interesantes un conjunto de propuestas que apuntan a dar mayor impulso al fortalecimiento de organizaciones y emprendimientos mapuche a través de un Centro de Negocios y Desarrollo Mapuche como también las medidas orientadas a fomentar el arribo de inversión a la región de la mano de beneficios tributarios.
En suma, el documento de la Comisión constituye un hito importante a la hora de consolidar un diagnóstico en el cual se reconoce la grave situación de escalada de violencia y tensión social con foco en la Región de La Araucanía, incorporando dentro de su visión, la perspectiva de las víctimas de la violencia rural y descartando de plano que ésta de trate de violencia común. Si bien, se persiste en un mal diagnóstico en el área de representatividad política, el avance en materia de compensación a víctimas y la sugerencia de transformación de la política y la institucionalidad en materia de política de entrega de tierras, también son puntos que deben ser destacados y reconocidos en la propuesta, que esperamos sea el punto de partida para la consecución del objetivo común de paz social, integración y desarrollo para La Araucanía.
