La ampliación del giro de Enap a actividades relacionadas con la generación eléctrica está ad portas de convertirse en ley. "Sin embargo, lo que será celebrado como un triunfo por el Ejecutivo, puede ser un futuro dolor de cabeza para la ciudadanía. Se trata de una iniciativa con tintes meramente ideológicos, toda vez que no existía ningún diagnóstico serio que justificara la incorporación de una empresa estatal para resolver las dificultades que enfrentaba el sector eléctrico", explica Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas de LyD.
Las últimas licitaciones han dejado en claro que existiendo las condiciones propicias para la inversión, surge no solo un inmediato interés por parte de los inversionistas, sino además una amplia cartera de proyectos. Es en este contexto que se presentaron un número importante de actores, que presionaron a la baja los precios del suministro eléctrico. El rol clave del Estado es precisamente generar las condiciones propicias para destrabar la inversión privada, muchas veces entrabada en la propia administración, a través del retraso en la entrega de permisos sectoriales y aprobaciones ambientales.
Se ha intentado explicar la incursión de Enap en el mercado eléctrico, primero, porque supuestamente permitiría “viabilizar” proyectos (lo que se revela innecesario), luego para promover la competencia (lo que se logra mejor destrabando proyectos y eliminando barreras de entrada) y, últimamente, para satisfacer la demanda de energía eléctrica. "Nada de ello lo justifica, menos aún considerando que Enap no tiene experiencia en generación eléctrica, no debiera tener ventajas para la aprobación de los proyectos (puesto que sería flagrantemente discriminatorio) y no dispone de la capacidad financiera para comprometer nuevas inversiones", señala Jiménez.
Más grave aún es que el supuesto “remedio” puede “agravar al paciente” al entregar una señal equívoca al mercado. "En particular, es perfectamente posible que los inversionistas interpreten que entrar al mercado chileno de la mano de la estatal podría traer aparejado algunas ventajas, desincentivando las inversiones 100% privadas", asegura Jiménez. Ello resultaría entonces contrario al propósito de aumentar la competencia en el mercado. A ello se suma el grave conflicto de interés existente al no haber modificado aun el gobierno corporativo de Enap -proyecto de ley que ingresó a principios del 2014 al Congreso pero que fue retirado por la actual administración - lo que deja al Ministerio de Energía como juez y parte en el próximo proceso de licitación.
"Con todo, resulta preocupante que el Estado promueva sistemáticamente como receta única la creación de empresas estatales, lo que se repite en sectores como transporte, educación y salud", admite la economista. El mercado de la energía eléctrica ha logrado sortear múltiples dificultades en el pasado y permitido satisfacer eficientemente los crecientes requerimientos en base a inversiones a riesgo y costo de los privados. Ojalá no veamos, una vez más, socializar las eventuales pérdidas que suelen derivar de malas decisiones públicas.
