En la discusión política el concepto de “criminalización” se ha instalado como un eje discursivo de la oposición. Mientras la CONFECH habló de la “criminalización de los movimientos estudiantiles en general”, en la revista UTE USACH se profundizó esta tesis aplicada a las manifestaciones sociales1. En la misma línea, la senadora Claudia Pascual (PC) afirmó que la iniciativa legislativa de Escuela Protegida “prioriza un enfoque de criminalización por sobre uno educativo y preventivo”.
El concepto de “criminalización” es una formulación que cumple un fin estratégico: simplifica la realidad para producir un efecto político. Los académicos David Snow y Robert Benford plantearon que este tipo de estrategias, la formación de marcos interpretativos, operan mejor cuando se conectan valores socialmente aprobados con los temas a discutir2. Aquí, la protesta se valida como forma legítima de incidencia política, mientras que la violencia al interior de las escuelas y una normativa específica que apunte a su control aparecen como temas vetados. El encuadre pretende borrar la distinción entre disidencia política y vandalismo, ubica al Estado como agresor y pondera su acción como una forma de represión.
Coordinar a la minoría, desplazar el conflicto a otros espacios
Lo realmente crítico es que el encuadre no necesita convencer a la mayoría para ser efectivo, le basta movilizar a una minoría organizada y desplazar el debate hacia instancias donde la mayoría no pesa. Frank Baumgartner y Brian Jones llamaron a esta maniobra venue shopping, que es cuando un actor que pierde en una arena de decisión, en este caso la opinión pública y en la votación legislativa, traslada el conflicto a donde le resulte más favorable3, como por ejemplo la calle y desde ese escenario generar masa crítica para insistir en las tesis originales.
La derrota legislativa se reconvierte así en una disputa de principios ante una nueva instancia de presión, donde el encuadre de “criminalización” resuena mejor que en el pleno de la sala. Opera como herramienta de coordinación interna, ya que cohesiona a la base propia, dota de lenguaje crítico a las redes organizadas y, sobre todo, intenta elevar el costo reputacional de respaldar la norma por parte del oponente.
Consecuencias para la deliberación pública
Cuando el debate se estructura bajo el marco de la “criminalización”, respaldar la medida puede transformarse en una señal de identidad políticamente costosa. Como observó Noelle-Neumann, las personas suelen ocultar opiniones que perciben como socialmente sancionadas. El resultado es que muchas veces preferencias compartidas por la ciudadanía quedan subrepresentadas en la discusión pública, dificultando la construcción de consensos y distorsionando la percepción del apoyo real a una política o acción específica4. Esto es lo que pasó en octubre del 2019 cuando distintos sectores apoyaron, justificaron o guardaron silencio frente a los actos de violencia ocurridos en el país.
Ahí está la alerta. El respaldo ciudadano a medidas legislativas impulsadas por el Gobierno que apuntan a mejorar los niveles de seguridad y el orden público, y el rechazo de parte de la izquierda a dichas propuestas legislativas han ocurrido al mismo tiempo. Esa simultaneidad materializa y evidencia el problema: los consensos ciudadanos reales quedan invisibles bajo el desacuerdo organizado de una cúpula política y se usan construcciones narrativas para intentar quitar el piso a una medida con apoyo real. Ahora bien, identificar el mecanismo no equivale a desestimar las inquietudes de contenido que se puedan plantear, que merecen ser evaluadas en sus propios términos. Equivale a exigir que, en una democracia, los instrumentos de política pública sean juzgados por sus méritos, no por el nombre con que se los combate. De lo contrario, el riesgo no es solo que una norma termine frustrada, es la normalización de un modo de deliberar en el que el volumen de una minoría coordinada sustituye al juicio sobre el contenido.
El presente texto corresponde a una sección del Informe de Coyuntura Política N° 48 - junio 2026
1 CONFECH, comunicado oficial, 4 de mayo de 2026; CONFECH, "Criminalización del movimiento estudiantil: la CONFECH rechaza el proyecto de ley Escuelas Protegidas", Corporación UTE USACH Noticias, 12 de abril de 2026 2 David Snow y Robert Benford, "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization," International Social Movement Research, vol. 1 (1988), p. 198.
3Frank R. Baumgartner y Bryan D. Jones, Agendas and Instability in American Politics (Chicago: University of Chicago Press, 1993), cap. 2.
4 Elisabeth Noelle-Neumann, The Spiral of Silence: Public Opinion, Our Social Skin (Chicago: University of Chicago Press, 1984), pp. 5 a 7.
