Chile lleva 12 años creciendo a la mitad de su ritmo histórico: 2% anual en la última década frente al 5% promedio entre 1990 y 20138. Hay 850 mil personas buscando empleo, con un desempleo sobre el 8% por más de 30 meses9 y una clase media que retrocedió 6,3 puntos porcentuales entre 2017 y 2020, según estimaciones de LyD sobre CASEN10. Los números no describen un ciclo económico adverso: describen un problema político y social. La ciudadanía pide condiciones para desarrollarse, no transferencias.
La reforma tributaria de 2014 tuvo como objetivo central aumentar la recaudación para financiar gasto social y reducir la desigualdad11; esta reforma instaló el supuesto de que el crecimiento podía gestionarse principalmente por la vía redistributiva. Distintas administraciones convergieron en el uso de transferencias, bonos y rebajas tributarias transitorias, consolidando una lógica difícil de revertir aun cuando su rendimiento se dificultaba. Aunque estas herramientas fueron utilizadas por gobiernos de distinto signo, no respondieron a una misma lógica: mientras las administraciones de Bachelet y Boric las promovieron como parte de una convicción programática, en el caso de Piñera su adopción fue principalmente reactiva y acotada a la emergencia sanitaria. El punto extremo se alcanzó en 2021, como consecuencia de la pandemia, en el marco de una expansión fiscal global sin precedentes — cercana a US$16 billones según el FMI12—, que en el caso chileno se tradujo en un déficit estructural de 11,4% del PIB —el mayor desde que se aplica la regla de Balance Estructural— y en gastos como los USD$25.000 millones en el Ingreso Familiar de Emergencia Universal13. Hoy, tras 12 años desde la instalación de este ‘supuesto’ —y sus costos—, los hogares chilenos emergieron más dependientes del Estado y sin mayor capacidad productiva asociada a estos costos.
El problema de fondo es conceptual: el Estado que se necesita no es el que sustituye al ciudadano, sino el que lo habilita, generando reglas estables, oportunidades y movilidad social. Como muestran Acemoglu y Robinson, las sociedades prósperas no lo son por redistribuir más, sino porque sus instituciones permiten que el esfuerzo individual se traduzca en progreso14. Cuando esa arquitectura se debilita, se quiebra la cadena: sin crecimiento no hay empleo, sin empleo no hay ingresos, sin ingresos no hay autonomía, y la dependencia estatal se normaliza. Por lo tanto, la reactivación no es meramente una meta macroeconómica: es un imperativo político y social, y el proyecto ingresado por el Gobierno al Congreso rompe la ruta establecida.
El proyecto de reconstrucción nacional y reactivación económica y social —como subrayó Luis Larraín en La Tercera15— tienen unidad de propósito: restituir las condiciones de inversión, ahorro y productividad16 alteradas desde 2014. A ello se suman instrumentos puente17 para sostener empleo mientras maduran las reformas de fondo. El Presidente Kast lo sintetizó con claridad: “no llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo”. No es un ajuste técnico: es un cambio de modelo sobre qué debe hacer el Estado por el bien de los chilenos. La aprobación del Presidente Kast retrocedió de 57% en marzo a 43% en abril18. Antes que síntoma de debilidad, ese descenso es el precio esperable de una estrategia cuyos resultados no son inmediatos. Valdivieso lo planteó con precisión en el contexto de la discusión previsional de 2025 y su premisa sigue vigente en el debate económico de hoy: combatir el populismo exige “decir verdades incómodas” y priorizar el largo plazo19.
El crecimiento no es un dato técnico: es empleo formal para los jóvenes que buscan su primera oportunidad, para las mujeres fuera del mercado laboral y para quienes hoy dependen del Estado porque no logran proveer por sí mismos. Cuando el país crece se activa la cadena virtuosa —empleo, ingresos, autonomía, cohesión— que sostiene a la sociedad; cuando no crece, esa cadena se rompe y la frustración se vuelve estructural. Por eso el problema es político y social antes que económico: en la reactivación se juega que el bienestar vuelva a depender del trabajo y que el trabajo sea efectivamente accesible. El crecimiento no es una meta macroeconómica más: es la condición material de la legitimidad democrática.
El presente texto corresponde a una sección del Informe de Coyuntura Política N° 46 - abril 2026
8 Arellano, José Pablo (2024), “¿Por qué ha bajado el crecimiento económico en Chile a partir de 2014 y cómo lo retomamos?”, Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
9 Quiroz, J., en Emol (16.04.2026). Plan de Reconstrucción.
10 LyD (19.01.2026). Casen 2024: un 46,8% de la población está en clase media según la nueva metodología.
11 Mulsow (2025), Impacto de la reforma tributaria del 2014 en el PIB per cápita, Universidad de Chile.
12 FMI, Fiscal Monitor – A Fair Shot, abril 2021, pp. 1-3.
13 Dipres, Informe de Finanzas Públicas – Cuarto Trimestre 2021, febrero 2022, p. 4.
14 Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. Crown Publishing.
15 Larraín, L. (17.04.2026). «Plan de reconstrucción», La Tercera.
16 Emol (16.04.2026). Quiroz detalla medidas del Plan de Reconstrucción.
17 Diario Financiero (17.04.2026). Quiroz revela nuevas medidas del proyecto reactivador.
18 Criteria (12.04.2026). Agenda Criteria.
19 Valdivieso, C. (29.12.2025). «Edad de jubilación y nuevo ciclo político», Criteria.
