El miércoles 26 de noviembre el Congreso Nacional culminó la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público para el año 2026.

La Cámara de Diputados sesionó los días 17 y 18 de noviembre, en primer trámite constitucional, aprobando aproximadamente el 58% del proyecto de presupuesto.^[1] Posteriormente, el Senado conoció la iniciativa en segundo trámite los días jueves 20, viernes 21 y lunes 24 del mismo mes, instancia en la que introdujo modificaciones y aprobó diversas partidas.

En tercer trámite, la Cámara de Diputados se pronunció el martes 25 de noviembre sobre las enmiendas incorporadas por el Senado. Aquellas enmiendas que no fueron aprobadas fueron sometidas al conocimiento de una Comisión Mixta, que sesionó el miércoles 26 de noviembre^[2], con la finalidad de que propusiera la forma y modo de resolver las discrepancias entre ambas cámaras. La propuesta de dicha comisión fue ratificada —salvo en dos disposiciones, que se detallan más adelante— por la Cámara de Diputados (66 votos a favor y 35 en contra) y el Senado (27 votos a favor y 1 en contra) esa misma tarde.

A continuación, se destacan los principales asuntos en las distintas partidas y trámites.

Congreso Nacional (Partida 02)

1. Exámenes antidrogas. Se aprobaron recursos para la realización de exámenes antidrogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de forma aleatoria y semestral, a los senadores en ejercicio, conforme a la Ley N° 20.000 (02.01.01, nueva glosa). Cabe hacer presente que esta medida ya se realiza en la Cámara de Diputados.
2. Dietas y asignaciones ex presidentes. Se aprobó una glosa que establece que, en la aplicación de la ley N° 19.672, que fija el estatuto de ex Presidentes, se incluyen recursos para el pago de dietas y asignaciones. De esta manera se le otorga un fundamento legal algo más sólido al pago de asignaciones (gastos de transporte, oficina y personal) a los ex presidentes (02.01.01, glosa 08).

Poder Judicial (Partida 03)

1. Gastos en personal. Se aprobó la reposición de los recursos a esta partida, los que habían sido rechazados en el primer trámite (subt. 21).

Contraloría General de la República (Partida 04)

1. Aumento de recursos para soporte tecnológico y personal de fiscalización. Se aprobó un aumento de recursos de $1.536 millones aprox. en gastos en personal (subt. 21), y bienes y servicios de consumo (subt. 22) para la institución. El aumento se debe a una solicitud que realizó la Contralora General para servicios de mantenimiento, almacenamiento, soporte y contratación de personal adicional para reforzar sus áreas de fiscalización. La solicitud fue respaldada e impulsada por parlamentarios de oposición y finalmente acogida por el Ejecutivo.

Ministerio de Relaciones Exteriores (Partida 06)

1. Protección del pisco y promoción del vino. Se ajustaron las cifras del Plan de Protección y Reconocimiento de la Denominación de Origen del Pisco (06.06.01, glosa 06) y se incorporó una nueva glosa en ProChile para la promoción del mercado del vino (06.07.01, glosa 11).
2. Escolaridad para hijos de diplomáticos. Se reincorporó la habilitación legal para poder financiar asignaciones de escolaridad para hijos de diplomáticos (06.01.01, glosa 3 letra g).

Ministerio de Economía (Partida 07)

1. Plan de Fortalecimiento industrial del Biobío. Se destinan $75 millones para la supervisión del plan y su vínculo con el Plan Biobío 2025; y otros $160 millones que serán traspasados vía convenio a la Corporación de Desarrollo Regional Biobío, permitiendo financiar personal, bienes y servicios necesarios para ejecutar el plan (07.01.01, glosa 02).
2. Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Se ajustó la glosa de la Oficina (creada por Ley N° 21.770 Marco de Autorizaciones Sectoriales), eliminando las facultades vía decretos “por orden del Presidente”, para consolidar institucionalmente la Oficina y reducir márgenes de flexibilidad transitoria que ya no se consideran necesarios, dado el avance en la implementación de la Ley Marco.

Ministerio de Hacienda (Partida 08)

1. Reporte del SII sobre el costo de exenciones y franquicias tributarias vigentes.

Se refuerza el estándar de transparencia del informe anual que realiza el Servicio de Impuestos Internos sobre cuánto deja de recaudar el Estado por efecto del gasto tributario, es decir, de todas las exenciones y franquicias tributarias. Se amplía la proyección del menor ingreso fiscal a cinco años, exige un desglose más detallado por beneficiario, sector y tipo de franquicia, y obliga al SII a justificar cualquier información que no pueda entregarse (08.03.01, glosa 05).

Ministerio de Educación (Partida 09)

1. Más recursos para las Becas TIC. Frente a la disminución de 31,5% propuesta inicialmente por el Ejecutivo, y a solicitud de la oposición, se incorporaron $9.796 millones, permitiendo que en 2026 se mantenga la misma cobertura y condiciones que en 2025, eliminando los requisitos de acreditación socioeconómica para los alumnos de colegios particulares subvencionados. En términos agregados, la asignación pasa de $25.000 millones a $34.796 millones. (Programa JUNAEB 09.09.03, subt. 33, ítem 01, asign. 003)
2. Fortalecimiento de los Liceos Bicentenarios. En un inicio, el Gobierno propuso recortar en más de $1.200 millones los recursos del programa para 2026. Sin embargo, el Senado -a solicitud de la oposición- aprobó un incremento de $1.000 millones, lo que permitirá realizar nuevas convocatorias (09.01.01, subt. 24.01.021 y subt. 33.01.021). Esta decisión fue respaldada por la Cámara de Diputados en tercer trámite.

Cabe destacar que un informe de la Dipres (2025), concluyó que el programa de Liceos Bicentenarios presenta un impacto positivo y significativo académico, especialmente en establecimientos científico-humanistas, mejora los resultados en SIMCE y PAES, y contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales, como el civismo, compromiso académico, la vida saludable y un clima escolar positivo.

3. Se revisará el calendario de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. El Ejecutivo se comprometió a revisar y modificar el cronograma de creación e implementación de nuevos Servicios Locales de Educación Pública, considerando la situación financiera y administrativa de las municipalidades y/o corporaciones municipales en proceso de traspaso. Este compromiso se materializará mediante una modificación legal en la ley de reajuste del sector público.

Para el año 2026, está prevista la creación de 11 nuevos SLEP, los que quedarían sujetos a revisión: Limarí y Canela (Coquimbo); Mapocho y Maipo Sur (RM); Cachapoal Norte, Cachapoal Costa y Costa Colchagua (O’Higgins); Maule Valle (Maule); Arauco Norte (Biobío); y Cautín Norte y Cautín Sur (La Araucanía).

Además, se incorporó una glosa específica para el SLEP de Atacama, mediante la cual la Dirección de Educación Pública financiará transitoriamente el fortalecimiento de dicho Servicio Local, en materias de liderazgo, innovación pedagógica, acompañamiento técnico y enseñanza de lenguaje y matemáticas, hasta que el Gobierno Regional concrete su financiamiento (09.17.02, nueva glosa).

4. Se rechazaron glosas de información que atentaban con la autonomía universitaria. El Senado desestimó glosas —respaldadas por el Ejecutivo— que extendían las obligaciones de las instituciones de educación superior de reportar y publicar información administrativa y financiera, incluyendo estados financieros, uso de recursos y remuneraciones del personal. Estas disposiciones fueron cuestionadas porque el hecho de que una universidad o cuerpos intermedios reciba recursos públicos, ya sea mediante subvenciones dirigidas a los estudiantes o directamente a la institución, no autoriza al Estado a imponer obligaciones que invadan su autonomía. Además de que la fiscalización de esos recursos ya se encuentra regulada por ley y por entidades que corresponden (09.90.03).
5. Recuperación de saldos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)^[3]. El proyecto original incorporó una norma que obliga a los sostenedores con saldos de la subvención SEP, provenientes de convenios vencidos, a presentar en marzo de 2026 un plan para ejecutar dichos recursos en acciones específicas -infraestructura, reducción de brechas, gestión administrativa o pago de deuda previsional-, con un plazo máximo de ejecución hasta junio de 2026. De no utilizarse estos fondos, deberán ser reintegrados al Fisco, generando una eventual recaudación.

Tras las conversaciones sostenidas entre el Gobierno y senadores, se ampliaron los plazos de presentación (a abril de 2026) y de ejecución (hasta septiembre de 2026, y durante todo el año en el caso de obras de infraestructura), se precisaron los criterios de rendición de cuentas y se incorporó el deber de informar al Congreso sobre el avance en la aplicación de esta norma.

6. Manipuladoras de alimentos (JUNAEB). El Gobierno se comprometió a reforzar el cumplimiento de derechos laborales, inhabilitando a empresas sancionadas en licitaciones JUNAEB; transparentar y difundir el estudio del Instituto Nutrición y Tecnología de los Alimentos sobre el índice de raciones; constituir una mesa de trabajo con las trabajadoras para evaluar su implementación gradual; y realizar un estudio ergonómico en 2026 sobre la carga de trabajo.
7. Transporte Escolar Rural. Se incorporó, en los programas de inversión de los Gobiernos Regionales, para establecer expresamente que éstos podrán destinar recursos para contribuir en el servicio de Transporte Escolar Rural de los estudiantes.
8. Postergación de la carrera docente. Se aplaza hasta julio de 2027 la incorporación obligatoria a la carrera docente de los profesionales que aún no se encontraban adscritos al sistema, manteniéndose como excepción quienes rindieron la evaluación en 2025 y fueron reconocidos oficialmente. La norma fue rechazada en la Cámara, luego aprobada en el Senado, nuevamente rechazada en tercer trámite y, finalmente, repuesta por la Comisión Mixta y ratificada por ambas cámaras (norma en el articulado)

Ministerio de Salud (Partida 16)

1. Bonificaciones de Salud - MCC (Ley N°21.674). Se rechazó la nueva línea presupuestaria de $10.000 destinada a financiar bonificaciones asociadas a la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), creada por la Ley N° 21.674. Aunque el informe financiero de dicha ley afirmó que la MCC no generaría gasto fiscal, durante su tramitación se advirtieron problemas de diseño que apuntaban en sentido contrario. Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo mantuvo su postura. La primera licitación fue declarada desierta, ya que ninguna aseguradora presentó ofertas. En las nuevas bases, para la segunda licitación, Fonasa incorporó un mecanismo de gestión de riesgo compartido, que lo obliga a asumir parte del costo cuando la siniestralidad es elevada. En este contexto, la Ley de Presupuestos 2026 propuso abrir una línea para “Bonificaciones de salud – MCC”, pero fue rechazada por la incertidumbre que genera crear un ítem de gasto sin claridad sobre su magnitud real (16.02.01 Subt. 23.01.019).
2. Prevención del cáncer. Se podrán destinar recursos para financiar programas de prevención y detección precoz de los cánceres más recurrentes en Chile, vinculado a una campaña de educación en la materia (16.09.01 Subt. 22).
3. Eficiencia hospitalaria. Se faculta a la Subsecretaría de Redes Asistenciales conformar un consejo para el seguimiento de las medidas y recomendaciones realizadas por la Comisión Asesora de Gasto Público y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en materia de eficiencia hospitalaria, gestión de compra e inventarios, de lo que se informará al Congreso Nacional.
4. “Más AMA”. Se repusieron los gastos para el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que habían sido excluidos en el presupuesto original, asegurando la permanencia de su funcionamiento. Esto fue parte de los compromisos del Ejecutivo para destrabar la tramitación de la ley.
5. Per cápita de Atención Primaria de Salud (APS). Se aprobó la asignación para el programa, tras un acuerdo con el Ejecutivo que contempla el compromiso de evaluar un fortalecimiento de la APS, con foco en los servicios de urgencia rural y en el reforzamiento de los SAPU durante la temporada estival (16.02.01, Subt. 24.02.035).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Partida 18)

1. Integración Social y Urbana. En coherencia con la futura modificación de la Ley N°21.450, se autoriza a través de una nueva glosa a los SERVIU a utilizar recursos para contratar proyectos de subdivisión, fusión o loteo, así como diseño de obras de urbanización, y destinar los terrenos resultantes a equipamiento urbano, viviendas subsidiadas, proyectos habitacionales y comerciales, entre otros (Glosa 03).
2. Asociaciones SERVIU y otras entidades. Se repuso la glosa que autoriza a los SERVIU a asociarse con municipalidades, entidades públicas o privadas y empresas públicas para desarrollar proyectos habitacionales, de equipamiento o mejoramiento urbano. A través de sociedades o corporaciones que sólo durarán hasta cumplir su objeto, podrán gestionar recursos, ejecutar proyectos o adquirir y habilitar terrenos.
3. Programas de recuperación de barrios y asentamientos precarios. Se repusieron las glosas que establecen que las transferencias a municipalidades deben realizarse a través de convenios, detallando las localidades beneficiadas o asentamientos a ser intervenidos, acciones, plazos y mecanismos de evaluación, con obligaciones de reporte de gasto y avance (18.01.04 Subt. 24.03.106 y 18.01.02 Glosa 04).

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Partida 21)

1. Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Tras un rechazo del programa por parte del Senado, la Comisión Mixta decidió reponer los recursos de este programa, añadiendo una glosa que estipula que a fines de junio de 2026 el Ministerio de Desarrollo Social debe entregar un rediseño institucional del organismo para evitar la duplicidad de funciones con otros servicios.(21.05.01)
2. PAIG. Adicionalmente, se rechazaron los recursos para el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (24.03.112)

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Partida 29)

1. Pase Cultural. La Comisión Mixta repuso parcialmente los recursos originalmente contemplados para este programa ($8.800 millones), luego de que el Senado rechazara la totalidad de sus fondos. El acuerdo alcanzado consideró, además, la destinación de $5.000 millones desde el Ministerio de las Culturas al Ministerio de Seguridad Pública, financiado con las rebajas a esta asignación.
2. Sitios de Memoria. La Comisión Mixta repuso - luego  de su rechazo en el segundo trámite- los recursos para cuatro sitios de memoria: la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua, la Casa de la Memoria José Domingo Cañas y la Corporación Estadiol Nacional Memoria Nacional.Estos montos se suman a lo ya aprobados por el Senado para otras iniciativas, como el Centro Cultural Museo y Memoria Neltume, el Memorial de Paine, Londres 38, la Fundación Arte y Solidaridad y el Parque La Paz Villa Grimaldi. Además, se estableció en una glosa que el 50% de los recursos asignados debe destinarse a actividades verificables. Sin embargo, la Fundación Salvador Allende quedó definitivamente sin recursos tras el rechazo de ambas Cámaras.
   

Gobiernos Regionales (Partida 31)

1. Recursos de GORES a universidades: En síntesis, se incorporó a una glosa que establece que las transferencias de recursos que los gobiernos regionales efectúen a universidades del Consejo de Rectores y a las adscritas a dicho Consejo, deberán destinarse exclusivamente a fines propios de cada institución y ser ejecutadas directamente por la universidad respectiva, privilegiando a aquellas con sede en la región. Asimismo, estas transferencias podrán exceptuarse del mecanismo de concursabilidad establecido en esta ley.

Ministerio de Seguridad Pública (Partida 32)

1. Reforzamiento de 5 mil millones. Destaca el incremento a la partida de seguridad pública, que fue incorporado en la Comisión Mixta y financiado con los recursos que se reasignaron del Pase Cultural. En la Cámara de Diputado se solicitó fortalecer iniciativas como el Plan contra el Crimen Organizado y la PDI.

Tesoro Público (Partida 50)

1. En general, la partida del se aprobó sin mayores discusiones, salvo las glosas 03 y 04 del programa 11 (relativo al Fisco), que en el Senado fueron rechazadas por no alcanzar el quórum requerido. Ante ello, la Comisión Mixta propuso reponerlas; sin embargo, en la Cámara de Diputados tampoco se alcanzaron los 76 votos favorables necesarios -por tratarse de normas de quórum calificado-, por lo que finalmente fueron rechazadas.

Estas glosas, autorizaban a las empresas y sociedades del Estado a recibir recursos de los gobiernos regionales para financiar proyectos de desarrollo regional, incluidos los proyectos de trenes de acercamiento. La disposición también permitía que los gobiernos regionales financiaran inversiones de ENAMI, ASMAR, ENAP, el Fondo de Infraestructura S.A. y las empresas portuarias creadas bajo la Ley N° 19.542.

Articulado

1. Se modificó la redacción del artículo 4°, de manera que quede igual a las últimas dos leyes de presupuestos, que establece que todo aumento del gasto público máximo autorizado para el año 2026 —en personal, bienes y servicios, transferencias, inversión y activos— solo podrá realizarse con autorización legal. Quedan exceptuados algunos mayores ingresos legalmente percibidos (como venta de activos o fondos concursables), pero si esos aumentos generan gasto por sobre lo presupuestado, deberán igualmente ser autorizados por ley.

Asimismo, se requiere autorización legal para aumentar en más de un 10% los montos destinados a adquisición de activos no financieros, inversión y transferencias de capital, salvo que se financien con reasignaciones internas. Los aportes a empresas incluidas en la ley también quedan limitados a un alza máxima de 10%.

Finalmente, el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) requerirá autorización legal cuando el monto anual acumulado supere el 0,3% del PIB.

2. Se incluyó un nuevo artículo que indica que la Dirección de Presupuestos, una vez presentada la ejecución del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 y revisado el comportamiento de los ingresos y demás variables macroeconómicas, impartirá las instrucciones necesarias para resguardar el cumplimiento de la política fiscal establecida conforme al artículo 1° de la ley N° 20.128.
3. Adicionalmente, en el articulado se incluyó una glosa de información sobre procedimientos disciplinarios relativos a licencias médicas.

En cuanto al resto de las partidas, éstas fueron aprobadas sin mayores asuntos a resaltar. Adicionalmente, a lo largo de distintas partidas se incorporaron diversas glosas de información destinadas a reforzar las obligaciones de reporte en materias sectoriales relevantes. Entre ellas, se estableció que el Ministerio de Salud deberá informar al Congreso sobre las brechas de especialistas, las listas de espera y los pagos efectuados en el marco de la Ley de Urgencias; así como antecedentes relativos a la mantención de zonas portuarias, medidas de accesibilidad en aeropuertos e infracciones a concesionarias de salud.

Asimismo, se incorporó la obligación de informar de manera permanente los avances de la Estrategia de Transformación Digital del Estado, junto con nuevas exigencias de transparencia en materia migratoria, particularmente respecto del número de extranjeros que ingresaron clandestinamente al país y que han logrado regularizar su situación.

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^[1] Ver https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2025/11/camara-de-diputados-despacho-la-ley-de-presupuesto-2026/

^[2] La Comisión Mixta está integrada exclusivamente por los parlamentarios que forman parte de las Comisiones de Hacienda de ambas cámaras y tiene como objetivo alcanzar un texto común que pueda ser aprobado por el Congreso.

^[3] Esta disposición se encuentra en el articulado del proyecto de ley, no en la partida de educación propiamente tal.

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^[1] Ver https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2025/11/camara-de-diputados-despacho-la-ley-de-presupuesto-2026/

^[2] La Comisión Mixta está integrada exclusivamente por los parlamentarios que forman parte de las Comisiones de Hacienda de ambas cámaras y tiene como objetivo alcanzar un texto común que pueda ser aprobado por el Congreso.

^[3] Esta disposición se encuentra en el articulado del proyecto de ley, no en la partida de educación propiamente tal.