Durante los días lunes 17 y martes 18 de noviembre, la Sala de la Cámara de Diputados debatió el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2026, sobre la base del informe emitido por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos (CEMP) a fines del mes pasado, y lo despachó al Senado para su estudio.
Resultados de las partidas
La Cámara de Diputados avanzó significativamente en la tramitación, aprobando 19 de las 33 partidas ministeriales, equivalente al 58% del presupuesto. Este resultado contrasta con la etapa previa en la Comisión Especial Mixta, donde solo cuatro partidas fueron aprobadas (Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Electoral y Poder Judicial), mientras que el resto fue rechazado en bloque por deficiencias detectadas en la propuesta del Ejecutivo: falta de transparencia, errores en la presentación del gasto en personal y subvenciones, así como la ausencia de provisiones explícitas para financiar el reajuste de remuneraciones al sector público.
En esta etapa, el Ejecutivo repuso las partidas rechazadas en la CEMP. Frente a ello, la Cámara debatió y votó cada partida, junto con las 262 indicaciones presentadas por los diputados y declaradas admisibles[1]. Cuando se aprobaba una indicación del Ejecutivo para reponer la totalidad de una partida, quedaban rechazadas todas aquellas otras indicaciones que fueran incompatibles con ella, con excepción de las glosas de mera información, por ser declarativas y sin impacto en el gasto. En cambio, todas las demás indicaciones -incluidas las que buscaban cambiar el destino o montos de los recursos- se entendieron rechazadas.
Resultaron aprobadas los siguientes partidas: Hacienda, Economía, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Trabajo, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Desarrollo Social y Familia, Ministerio Público, Mujer y Equidad de Género, Culturas, Artes y Patrimonio, y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, , además de las ya aprobadas en la CEMP (Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Poder Judicial y Servel).
Aunque los presupuestos de estas partidas fueron aprobados, hubo decisiones relevantes sobre indicaciones específicas: (i) en la partida del Congreso Nacional, que venía aprobada, se rechazó la indicación que buscaba prohibir el pago de asignaciones a los expresidentes durante el año 2026; (ii) en cuanto a la reposición del subtítulo 21 (gastos en personal), dichos recursos fueron rechazados en la partida del Poder Judicial.
Partidas rechazadas. La Sala rechazó 14 partidas:Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobiernos Regionales, Seguridad Pública, Tesoro Público, Segpres y Segegob.
Estas partidas se consideran rechazadas porque la Sala rechazó la indicación del Ejecutivo destinada a reponer sus montos. Al no aprobarse la reposición respectiva, la partida completa (o el subtítulo afectado) queda automáticamente rebajado hasta el monto correspondiente a los gastos permanentes establecidos en leyes con tal calidad. A partir de dicho rechazo, las indicaciones, con excepción de las de mera información, se entienden rechazadas por mantenerse el presupuesto en sus gastos permanentes.
Temas del articulado a destacar
En relación con las propuestas del Ejecutivo, se rechazaron las siguientes:
- Postergación de la Carrera Docente. Se rechazó la propuesta del Ejecutivo que buscaba aplazar en un año el ingreso obligatorio al sistema del Desarrollo Profesional Docente (“Carrera Docente”), el cual, conforme a la ley vigente, debía materializarse en julio de 2026.
- Fondo de Garantías Especiales. Se rechazó la indicación del Gobierno que autorizaba al Estado a entregar hasta 100 millones de dólares a dicho fondo creado por la ley N° 21.543.
- Plan obligatorio para usar saldos de la subvención escolar SEP. Se rechazó la propuesta que obligaba a los sostenedores con saldos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) provenientes de convenios vencidos a presentar, antes del 31 de marzo de 2026, un plan para ejecutar esos recursos en acciones específicas (infraestructura, reducción de brechas, gestión administrativa o pago de deuda previsional), con plazo máximo de ejecución hasta junio de 2026.
Propuesta parlamentarias aprobadas, entre otras:
- Funcionamiento del Estado y empleo público.
Restricciones al traspaso de honorarios a contrata. Se aprobó una norma que, entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, permite el cambio de honorarios a contrata el interior de servicios públicos, solo si el jefe del servicio lo califica como necesario (con posibilidad de consulta a Contraloría) y prohíbe aplicarlo a personas que hayan trabajado en gabinetes ministeriales o jefaturas durante el año previo.
Transparencia en la tramitación de reglamentos y decretos. Se aprobó una norma que obliga, desde el 1 de julio de 2026, a los ministerios y órganos de la Administración, a publicar en sus sitios web el estado de tramitación de los decretos y reglamentos de leyes promulgadas desde el 2 de enero de 2026 que cuenten con informes financieros según la ley N° 20.128, de responsabilidad fiscal.
Informe de deudas del Estado. La Dipres deberá entregar, antes del 31 de enero de 2026, un informe consolidado de todos los pasivos exigibles de los ministerios y servicios públicos al 31 de diciembre de 2025 (excepto Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría). El informe deberá considerar el total de compromisos devengados no pagados (incluida la deuda flotante), informar hace cuánto tiempo está pendiente cada deuda y a quién se le debe (pymes, grandes empresas, personal, otras entidades públicas, etc).
- Política social y beneficios estatales.
Proceso de asignación de beneficios. Se aprobó una norma que impide iniciar procesos de postulación a beneficios anuales hasta contar con el cierre fiscal 2025 y que la recaudación del "resto de contribuyentes" alcance el 17% del PIB. Si un programa tiene múltiples convocatorias, cada una dependerá de la recaudación efectiva informada trimestralmente por la Dirección de Presupuestos. En la práctica, el acceso a estos beneficios dependerá directamente del estado de la recaudación fiscal.
- Educación: Sistema de Admisión Escolar. Se aprobó una disposición que ordena dar preferencia en la asignación de vacantes a personas de nacionalidad chilena y a extranjeros con situación migratoria regular.
- Medio Ambiente: Determinación de sitios prioritarios SBAP. Se aprobó que la definición de los sitios prioritarios contemplados en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.600 —que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas— solo podrá realizarse una vez dictado el reglamento que establezca el procedimiento y los criterios para declarar un sitio prioritario, reglamento que la propia ley ordena emitir.
- Migración: procesos de regularización. Se aprobó una norma que prohíbe destinar recursos para la ejecución de procesos de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular.
El Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad sobre las disposiciones contenidas en los puntos 2, 3, 4 y 5 recién mencionados.
Lo que viene
Tras su paso por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley pasa a la Sala del Senado, la que está citada, según el acuerdo de comités vigente, para comenzar la discusión el próximo viernes 21 de noviembre.
El plazo máximo para despachar el proyecto de ley es el 29 de noviembre.
[1] Fuente: https://www.camara.cl/prensa/prensa_cms.aspx?noticia=presupuesto-2026-camara-despacha-primeras-17-partidas/
