La Comisión Mixta Especial de Presupuestos —integrada por senadores y diputados— rechazó esta semana la casi totalidad de las partidas del proyecto de Ley de Presupuestos 2026. La instancia sesionó el martes 28 y miércoles 29 de octubre, y estuvo marcada por tensiones entre el Ejecutivo y la oposición debido a la falta de información sobre los gastos comprometidos para el próximo año, particularmente en materia de remuneraciones del sector público.
Falta de transparencia fiscal
Uno de los puntos centrales del debate fue la solicitud reiterada al Gobierno para que transparentara las estimaciones de ingresos para 2026, los gastos proyectados y el costo asociado al eventual reajuste salarial del sector público.
Cabe recordar que estas inquietudes fueron advertidas desde Libertad y Desarrollo a inicio de mes, al identificar errores en la presentación del gasto en personal y en subvenciones, así como la ausencia de provisiones explícitas para financiar dicho reajuste, lo que genera incertidumbre respecto de la sostenibilidad de las cuentas fiscales (ver “Dudas relativas al gasto en personal y subvenciones del presupuesto 2026”).
A lo anterior se suma que las proyecciones de ingresos del Gobierno descansan sobre supuestos optimistas y con alto grado de incertidumbre, especialmente por la recaudación esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario y los precios del litio, todas cuestiones que fueron observadas en su momento por el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Fiscal Autónomo.
Pese a las consultas, la explicación del Ejecutivo fue insuficiente, por lo cual, en en la primera parte del debate en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se rechazaron los gastos asociados al subtítulo 21 (correspondiente a gastos en personal) y diversas partidas (Contraloría General de la República, Presidencia, SEGPRES, SEGEGOB y Ministerio de Ciencia). Por otro lado, se aprobaron, con el voto favorable de los parlamentarios de oficialismo, los recursos para el Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio Electoral y el Poder Judicial
Cabe destacar que en el trabajo previo en las distintas subcomisiones de presupuestos , se levantó esta alerta durante el debate, y frente a la falta de una respuesta clara por parte del Gobierno, diversas partidas fueron rechazadas y otras quedaron pendientes para el debate en la Comisión Mixta.
Rechazo masivo de las partidas
Tras un tenso intercambio entre oficialismo y oposición por las dudas sobre aspectos estructurales del presupuesto y la poca disposición del Gobierno a abrir una negociación real, se terminó bloqueando el avance del debate. Ante ese escenario, se acordó realizar una votación única respecto del resto de las partidas que aún no habían sido discutidas —la gran mayoría del presupuesto—, junto a sus indicaciones, procediendo así a resolverlas en bloque.
El resultado: 9 votos a favor y 11 en contra, lo que implicó el rechazo de prácticamente todas las partidas presupuestarias, entre ellas las de Transporte, Ministerio Público, Defensa, Seguridad, Deportes, Culturas, Mujer, Minería, Salud, Trabajo, Agricultura, Interior, Gobiernos Regionales, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Economía, Desarrollo Social, Vivienda, Educación, Hacienda y el Tesoro Público. El resultado de los rechazos es que los gastos de carácter variable quedan reducidos a $1.000 Aquellos permanentes, es decir, los que están mandatados por leyes permanentes (como la PGU o los gastos de personal de planta), quedan en los montos que sus respectivas leyes dispongan.
En cuanto al articulado del proyecto, se rechazó íntegramente por la misma votación, con excepción del cuadro de ingresos fiscales del artículo 1º, los cuales no son objeto de pronunciamiento por parte del Congreso Nacional.
Lo que viene
De acuerdo al procedimiento legislativo, corresponde que el proyecto sea conocido a continuación por la Sala de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la del Senado. La primera corporación acordó iniciar su estudio a partir del lunes 17 de noviembre a las 14 hrs. En dicha instancia se podrá reabrir el debate de todas las partidas y del articulado.
El plazo máximo para despachar el proyecto de ley es el 29 de noviembre.