El 3 de junio, la Sala del Senado votó las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica. A pesar de ser un proyecto de ley que propone un conjunto de medidas sobre la institucionalidad y atribuciones para enfrentar delitos de carácter financiero como lavado de dinero y en general el crimen organizado, el debate se ha centrado en las normas del secreto bancario, cuando en realidad, la norma y práctica han resuelto perfectamente el equilibrio entre la protección de derechos a las personas en una investigación, y la celeridad y éxito de la persecución de delitos.

La discusión se centra exclusivamente en la autorización judicial que se le exige a la Administración para levantar el secreto bancario. No se debate sobre la celeridad con la que los tribunales lo conceden, porque el tiempo en promedio son 3 días, ni las veces en que los tribunales la han rechazado, lo cual nunca ha ocurrido desde 2007.

La autorización judicial cumple un rol protector de las personas. Cuando se afectan derechos, como en este caso la privacidad, es necesario que concurra un juez a fin de garantizar la necesidad de dicha intromisión y evitar un actuar arbitrario. Por lo mismo, resulta difícil entender las razones que llevan a un grupo de parlamentarios a insistir en disponer de dicha garantía, que finalmente es para las personas frente al Estado.

Es evidente que para perseguir de manera eficiente y certera el crimen organizado se debe contemplar un procedimiento para solicitar el levantamiento del secreto bancario, y por lo mismo, la ley lo establece. Fue en virtud de dicho procedimiento que el Ministerio Público logró detener a 19 personas en una operación que contempla $78.000 millones. Cabe preguntarse al respecto entonces, ¿Qué es lo que logra disponiendo de dicha autorización?