El Índice Global de Crimen Organizado mide el nivel de criminalidad organizada y la capacidad de los Estados para enfrentarla. El informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés) evalúa a cada país según dos dimensiones: criminalidad, que refleja la magnitud y diversidad de los mercados ilícitos y resiliencia, que mide la fortaleza institucional para prevenir, perseguir y sancionar el crimen organizado.

Chile presenta un incremento significativo en los indicadores asociados a la criminalidad organizada. Entre 2023 y 2025, el país asciende diez posiciones en el ranking mundial, pasando del puesto 86 al 76, lo que refleja un deterioro en la dimensión criminal y un fortalecimiento de las redes delictuales en el territorio nacional.

Las dimensiones vinculadas a los mercados criminales, como el tráfico de personas, la extorsión y los delitos cometidos mediante medios cibernéticos y financieros, registran una mayor ipresencia en comparación con la medición anterior, evidenciando una diversificación y consolidación de las actividades ilícitas.

De forma particularmente preocupante, la dimensión asociada a la presencia de actores criminales muestra un incremento tanto en grupos organizados locales como en actores internacionales operando en el país. Este fenómeno corrobora los diagnósticos de organizaciones como el Ministerio Público, que ha advertido sobre la consolidación de organizaciones criminales transnacionales con presencia estable en Chile o que buscan operar en el país.

Por su parte, la dimensión de resiliencia institucional, entendida como la capacidad del Estado para resistir, prevenir y responder al avance del crimen organizado, permanece sin variaciones respecto a 2023. Esta situación configura una combinación preocupante entre el avance de la criminalidad y la insuficiencia de las capacidades estatales para contrarrestarla. A nivel de variables específicas, se observa una disminución de medio punto en los indicadores relativos al liderazgo político en la lucha contra el crimen organizado y al desempeño del sistema de justicia y penitenciario en su contención.

Según el Investigador del Programa Política y Sociedad Civil de LyD, Francisco Alcorta, “los datos muestran que en los últimos años el crimen organizado ha avanzado en el país, mientras que nuestra capacidad para combatirlo no ha podido seguirle el ritmo".