El Coordinador del Congreso Nacional de LyD, Juan Ignacio Gómez, presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados.
Gómez comenzó su exposición con un diagnóstico de la iniciativa, explicando que, si bien el país cuenta con ventajas naturales excepcionales para la producción de hidrógeno verde y sus derivados, contribuyendo a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, aún no se han dado condiciones comerciales que permitan la instalación de la industria a gran escala, dinámica que también se observa a nivel internacional.
Adicionalmente, analizó tres problemas del proyecto. En primer lugar, el diseño económico, por cuanto no hay objetivos claros ni antecedentes de cuál es el resultado esperado y medible por el lado de la oferta y también por parte de la demanda, y que no se aprecia que la medida, por sí sola, pueda fomentar un mercado competitivo en Chile. Por otra parte, el problema constitucional debido a la ausencia de una justificación racional que permita que la medida cumpla con el estándar de constitucionalidad, por el cual, según Gómez, “el proyecto deviene en arbitrario e inconstitucional, por la falta de antecedentes serios que permitan fundar la razón de privilegiar a una determinada tecnología por sobre otras que pueden ser a la vez sustitutas y competidoras”. En tercer lugar, señaló que se extraña un conjunto de principios rectores que ordenen la implementación y revisión de la política en el tiempo, tales como la neutralidad tecnológica, la eficiencia costo-ambiental, la temporalidad y decrecimiento del subsidio, la neutralidad competitiva, la transparencia, rendición de cuentas y prevención de captura y la evaluación ex ante/ex post con indicadores públicos.
El abogado concluyó que, a pesar de la existencia de oportunidades importantes de mejorar la matriz de energía y avanzar en neutralizar emisiones, es discutible que la iniciativa sea el medio correcto para lograr el objetivo de política pública. “Se debería avanzar hacia mix diversificado y costo efectivo de opciones que permitan fomentar la innovación y maximizar las oportunidades de la transición energética y fomentar la competencia en un mercado con altas barreras de entrada”. Respecto del tema constitucional, el experto dijo que con la (escasa) información disponible, no se cumple el estándar constitucional. Un ejemplo de ello es que no existe un informe de impacto regulatorio.
