La Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional y despachó al Senado, el proyecto que reemplaza los créditos universitarios (CAE, Fondo Solidario y créditos CORFO) por un nuevo sistema de financiamiento público de la educación superior (“FES”) y condona parcialmente las deudas estudiantiles.
Con la afirmativa de 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto de ley. Y en muy similar votación se aprobó luego el articulado, en prácticamente los mismos términos del proyecto original presentado por el Ejecutivo (boletín 17.169-04)
Claves del proyecto de ley:
- El FES supone un cambio estructural en la forma de financiar la educación superior: se pasa de un sistema de créditos subsidiados por el Estado -donde el estudiante paga una deuda calculada sobre el costo real de la carrera- a un impuesto al capital humano avanzado.
- Bajo este esquema, el Estado financiará hoy el arancel regulado de la carrera, y el egresado (o quien deserta) devolverá mañana un porcentaje de su renta anual por un máximo de hasta 20 años, independientemente de cuánto costó su formación.
- El FES genera desincentivos al trabajo formal, dado que el pago se calcula sobre los ingresos declarados por los egresados. En parte por esto, se ha planteado que el informe financiero del proyecto subestima el costo fiscal de la iniciativa, que bien podría terminar siendo una amenaza para las finanzas públicas.
¿Qué pasó con el copago?
Uno de los temas más debatidos durante el trámite del proyecto fue el impedimento de que las instituciones de educación superior adscritas al FES cobren arancel o matrícula a sus beneficiarios. Esto finalmente fue aprobado por la Sala, pese a que la Comisión de Hacienda lo había rechazado—con abstención de parlamentarios oficialistas—por sus impactos financieros.
En la práctica, esta disposición elimina el copago de los deciles 7 a 9, que en el caso de algunas universidades representa más de un tercio de sus ingresos operacionales. Al regular simultáneamente aranceles, vacantes y copago, la reforma compromete la sostenibilidad financiera de todas las instituciones, comprometiendo funciones estratégicas como la investigación, la innovación y la calidad académica.
Asimismo, la medida, lejos de fortalecer el acceso y la equidad, aumenta la segregación del sistema, entre universidades con autonomía y recursos que queden fuera del esquema público y se concentren en atender a los estudiantes de mayores ingresos; y, por otro, instituciones acogidas al FES, limitadas en sus posibilidades de desarrollo y más sujetas al control estatal.
En suma, se limita la capacidad de las instituciones para diversificar ingresos y planificar estratégicamente, debilitando su autonomía. La eliminación del copago no mejora la equidad ni garantiza acceso, sino que introduce un riesgo estructural que amenaza la sostenibilidad y diversidad del sistema de educación superior.
¿Y la gratuidad universitaria?
El segundo punto que fue objeto de discusiones des el aplazamiento de la gratuidad, es decir, el cambio en las condiciones fiscales que determinan o gatillan la incorporación de nuevo deciles socioeconómicos al beneficio. Concretamente el proyecto reemplaza el PIB tendencial general por el PIB tendencial no minero como base de cálculo y, además, aumenta el requisito de ingresos estructurales del Estado del 23,5% al 29,5% de dicho PIB. Esto significa, en la práctica, que se posterga el ingreso del séptimo decil a la gratuidad, que bajo la ley vigente se estima que está próximo a hacerse efectivo.
La Comisión de Hacienda había rechazado esta propuesta, porque representa un retroceso que afectaría a familias de clase media. Además, dicha instancia cuestionó que el Gobierno propusiera este cambio sin un análisis claro de impacto y en un contexto de incertidumbre en el financiamiento de la educación superior.
Pese a estos argumentos, la Sala de la Cámara aprobó la propuesta del Gobierno de postergar la expansión de la gratuidad, lo que en la práctica posibilita un ahorro de recursos necesarios para costear el FES.
Estos cambios reflejan una política que avanza de manera poco responsable en el plano fiscal y sin un diagnóstico realista de prioridades. Aunque se retrasa el ritmo de expansión de la gratuidad, se siguen comprometiendo cuantiosos recursos públicos en educación superior —y no en áreas más urgentes como la educación escolar o la primera infancia—, reforzando una política que ha generado dificultades financieras a las instituciones de educación superior. Más allá de lo razonable que puede parecer postergar el avance de la gratuidad, lo cierto es que la modificación no responde a una evaluación objetiva de sus efectos, sino al propósito de abrir espacio fiscal para financiar el nuevo instrumento FES.
Se eliminan las becas
Por último, uno de los efectos más relevantes —y menos explicitados— del proyecto es la eliminación de becas de arancel vigentes, como Bicentenario, Nuevo Milenio y Juan Gómez Millas. Estos instrumentos apoyan hoy a más de 100 mil estudiantes de sectores vulnerables y si bien su sustitución se planteó como una forma de unificar el sistema de financiamiento estudiantil, ignora que cumplen una doble función: alivian la carga financiera de las familias y, al mismo tiempo, reconocen el mérito académico de sus beneficiarios. De este modo, se elimina un pilar del sistema actual, que incentiva el acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes que, sin este respaldo, tendrían mayores dificultades de continuidad.
El FES plantea problemas en tres dimensiones:
En conclusión, avanza a su segundo trámite un proyecto con numerosos problemas, que se pueden resumir en tres ámbitos:
- Problemas para los potenciales beneficiarios y egresados.
- Riesgo para las finanzas públicas
- Perjuicio para las finanzas de las instituciones de educación superior.
Para profundizar en estos problema revisa aquí.
