- Problemas para los potenciales beneficiarios y egresados.
El primer problema del FES radica en su diseño, que actúa como un impuesto al capital humano avanzado.
- Por un lado, porque no existe una relación directa entre el monto del beneficio otorgado y el pago posterior que debe realizar el trabajador, así como también, porque lo que este debe restituir al Fisco no es una suma predefinida, sino que depende de su ingreso en cada momento del tiempo.
- Como resultado, los beneficiarios podrían terminar pagando mucho más de lo que se invirtió en sus estudios. Pese al tope máximo que propuso el Ejecutivo para acotar la restitución de los casos más extremos (1,6% de los beneficiarios que se calcula deberían pagar 3,5 veces o más del monto recibido), sigue siendo cierto que 4 de cada 10 beneficiarios podría terminar pagando por encima del costo de sus estudios (Dearden et al. 2025).
Un segundo problema del FES es que, mientras en la actualidad todos los estudiantes que son admitidos a la educación superior tienen la opción de solicitar apoyo estatal para financiar sus estudios –ya sea a través de gratuidad, becas de arancel, CAE o una combinación de estos-, esto podría cambiar debido a la cuota máxima de 80 mil cupos que propuso el gobierno.
- Si bien ello tiene por objeto resguardar la demanda de recursos públicos, en los hechos significará terminar con una máxima que ha tenido la política de educación superior en las últimas décadas: que ningún estudiante que tenga el mérito académico suficiente quedará impedido de cursar la educación superior por restricciones financieras.
2. Riesgo para las finanzas públicas
El FES representa un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas debido a la incertidumbre que existe respecto de los desembolsos fiscales e ingresos asociados a este instrumento.
En primer lugar, porque en todos los periodos los ingresos proyectados por pagos de sus beneficiarios son inferiores a los desembolsos necesarios para costear los aranceles regulados. La única razón de por qué el Informe Financiero del proyecto arroja un ahorro fiscal neto, es porque también se contemplan menores desembolsos debido a: i) la postergación de la gratuidad, ii) la eliminación de las becas de arancel y iii) proyecciones relativas al CAE que se construyeron bajo el supuesto de que la morosidad se mantendrá alta y que el Estado no hará ningún esfuerzo por cobrar las deudas que ya ha adquirido por ejecución de garantías. Dicho en simple, el FES sólo es viable fiscalmente gracias a que está siendo subsidiado por las proyecciones pesimistas respecto al CAE.
- Como se observa en la Tabla N°1, el FES por sí mismo –sin contar la parte del proyecto de sustitución del CAE- es siempre deficitario (columna 3), situación que se agravaría al alterar los supuestos del Informe Financiero para recoger los posibles impactos que el mismo FES tendrá sobre el perfil de quienes soliciten el beneficio, sobre las decisiones de los egresados, la informalidad laboral y el comportamiento de las instituciones de educación superior. En efecto, como resume la Tabla N°2, los escenarios que proyectó la Dipres en respuesta a las solicitudes del CFA, muestran el posible aumento de los desembolsos fiscales y del déficit asociado a este mecanismo (columnas 4 a 7).
- Adicionalmente, algo que la Dipres no simuló –pese a que el CFA lo solicitó- dice relación con la morosidad en el pago del FES, que el Informe Financiero considera nula. Este es un supuesto debatible, especialmente teniendo en cuenta: i) la alta morosidad del CAE y el nulo esfuerzo del Estado para utilizar sus herramientas y recuperar las deudas adquiridas, así como también ii) la brecha de cumplimiento de impuesto a la renta reportada por el CFA (32,4%), que debiera servir como referencia para proyectar la capacidad de cobranza del Fisco. En efecto, al aplicar dicha morosidad de forma lineal a los ingresos estimados en el Informe Financiero, se calcula que el FES se vuelve aún más deficitario, requiriendo al año 10 un desembolso fiscal neto de $608 mil millones (US$ 627 aprox.) (Tabla N°2, columna 8).
En segundo lugar, el FES representa una amenaza debido al modo como el gobierno pretende contabilizar sus ingresos y sus gastos, esto es, bajo la línea y por lo tanto invisibles para el cálculo del déficit fiscal.
- Dicho criterio de contabilización ya fue cuestionado por el CFA y si bien la Dipres desestimó la crítica, su argumento fue débil. Ésta planteó que, dado que el mecanismo de cobranza es “altamente coercitivo”, entonces la recuperación de los desembolsos será alta y ello hace que los desembolsos del FES califiquen como activo. Independiente de que el mecanismo de cobranza sea altamente efectivo –cosa que todavía se debe demostrar, por ejemplo, con evidencia respecto a la recuperación de CAE en poder del Fisco-, el punto de fondo es que la naturaleza del mecanismo, según el cual las contribuciones de los egresados son independientes de los desembolsos realizados, es lo que genera incertidumbre e impide hablar de un activo con pagos conocidos, tal como sí ocurre con un crédito.
En definitiva, hoy no tenemos certeza de que las proyecciones de gasto realizadas en el Informe Financiero del proyecto de ley sean realistas y, tal como ya ocurrió con la gratuidad para la educación superior -cuyo costo está siendo el doble del proyectado- no existe seguridad de que el proyecto de ley vaya a costar lo que se ha asegurado.
3. Perjuicio para las finanzas de las instituciones de educación superior.
La última dimensión que se verá afectada por el FES son las finanzas de las casas de estudio que suscriban a este. Al impedir el cobro de un copago por sobre el arancel regulado, estas verán amenazada su estabilidad financiera, y con ello su calidad.
- Para tener un orden de magnitud, hoy el pago de las familias a la totalidad de las instituciones que forman parte del sistema de educación superior supera los US$1.800 millones y no es claro qué parte de estos se dejará de cobrar.
- Adicionalmente, el impacto del término del copago y la fijación de aranceles no tendrá un impacto homogéneo. Como muestra la Tabla N°3, mientras las universidades estatales serían las menos afectadas, las privadas y los institutos profesionales i) tienen una mayor cantidad de carreras con aranceles regulados deficitarios –inferiores al real- y ii) es en ellas donde el copago representa un mayor peso dentro de sus ingresos operacionales, superando el tercio de estos, por lo que su eliminación parcial acarreará un mayor perjuicio.
EN SUMA, SE REQUIERE REPENSAR COMPLETAMENTE EL FES
Pese al avance en la tramitación y a las indicaciones presentadas por el gobierno, se mantiene el diseño original del FES, con todas sus falencias: el pago de los trabajadores sigue desvinculado del costo real de su carrera, el descalce entre desembolsos e ingresos fiscales sigue representando una amenaza para nuestras finanzas públicas y el financiamiento de los aranceles regulados continuará generando déficits en las instituciones de educación superior.
Al compararlo con el CAE, el FES introduce nuevos problemas para el sistema de educación superior. Los estudiantes que soliciten el beneficio no tendrán seguridad sobre la cuantía de la retribución que deberán realizar al Estado y habrá una proporción significativa de ellos que pagará más que el costo de su carrera. Asimismo, las instituciones sufrirán un perjuicio en sus balances sin siquiera tener certeza de la sostenibilidad fiscal del mecanismo.
Por todo lo anterior, parece más conveniente insistir en una reforma que mejore las condiciones para los deudores del CAE: estableciendo un plazo máximo de pago al cabo del cual se extinga la deuda –posibilitando una condonación ex post a quienes obtengan ingresos insuficientes- y automatizando el tope máximo de pago respecto a los ingresos del deudor, sin necesidad de que ello se solicite. Así también, se puede evaluar la salida de la banca y la introducción del descuento por planilla de este préstamo subsidiado por el Estado, siempre que ello vaya en beneficio de una mejor cobranza y un menor costo para el Fisco.
