El Congreso dio un paso importante para modernizar la educación parvularia en Chile, pero aún queda un punto por resolver. El martes, los diputados aprobaron gran parte de los cambios propuestos por el Senado al proyecto de ley que busca mejorar la oferta educativa para los más pequeños (boletín 16.811-04). Sin embargo, un desacuerdo sobre los requisitos para el reconocimiento oficial de los jardines infantiles obligó a crear una Comisión Mixta, que resolverá sobre el asunto en las próximas semanas. .
¿Qué busca esta nueva ley?
Más tiempo para regularizarse: Muchos jardines infantiles que reciben recursos del Estado no han logrado obtener el reconocimiento oficial para funcionar. Para evitar que cierren, se les dará más tiempo para cumplir con los requisitos, postergándose el plazo del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2034. La ampliación del plazo involucra la elaboración de un plan de cumplimiento por parte de la Subsecretaría de Educación Parvulara.
Un niño, un jardín: Se evitará que los niños estén matriculados en dos jardines al mismo tiempo, asegurando que cada cupo se aproveche al máximo.
Mejor organización del año escolar: Se permitirá que el Ministerio de Educación establezca normas para organizar mejor el calendario parvulario de los jardines infantiles.
Información para mejorar la educación pública: Las municipalidades deberán entregar información sobre sus jardines para facilitar la transición a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública.
¿Cuál es el problema que falta resolverse en la Comisión Mixta?
Se trata del artículo 3° ter nuevo, que establece los requisitos que deben cumplir los establecimientos de educación parvularia que desarrollen Programas Alternativos para recibir el reconocimiento oficial que otorga el Ministerio de Educación.
La principal crítica dice relación con el requisito de tener a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) como sostenedora, ya que deja fuera, por ejemplo, a la Fundación Integra, que también entrega educación en modalidades alternativas, y a otros sostenedores privados. Esto no solo genera una diferencia arbitraria e injustificada, sino que también limita la creación de futuros jardines infantiles alternativos, monopolizando la prestación de este bien público a un organismo estatal.
Los demás requisitos dicen relación con que los establecimientos funcionen en zonas de difícil acceso o de alta dispersión geográfica o en territorios que hayan enfrentado desastres; cuenten con un proyecto educativo institucional pertinente y contextualizado territorialmente; ceñirse a las bases curriculares elaboradas por el Ministerio de Educación; cuenten con un local educativo con condiciones de infraestructura que resguarde la seguridad y garantice la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa; y tener el personal idóneo y suficiente para cumplir con las funciones que les correspondan.
A modo de contexto, los programas alternativos hoy no cuentan con reconocimiento legal ni marco regulatorio propio, de modo que se viene a establecer una regulación para ellos. Se considera que pueden tener componentes curriculares flexibles y diversificados de acuerdo al contexto de las necesidades educativas de la población que atienden. Su objetivo es fortalecer el acceso a una educación de calidad a niños en zonas de difícil acceso, alta dispersión geográfica, territorios que se hayan enfrentado a desastres, incrementos significativos e inesperados de la demanda u otras condiciones similares.
Otros cambios importantes que sí fueron aprobados:
- Se le da más flexibilidad a la JUNJI para crear programas educativos diferentes.
- Se establecen reglas más claras para organizar el calendario parvulario de los jardines infantiles, evitando su amplitud
- Se les da un plazo especial a los jardines que empezaron a funcionar sin permiso entre 2017 y 2024 para que se regularicen.
El Senado rechazó la norma de imputación de gastos del proyecto. Quienes estuvieron por esa opción sostuvieron que que el proyecto de ley no genera gasto adicional y que los 17 nuevos fiscalizadores para la Superintendencia de Educación, específicamente la Intendencia de Educación Parvularia no están justificados en el articulado permanente.
En resumen, el Congreso está trabajando para mejorar la educación de los niños más pequeños, pero aún hay un tema importante que resolver para que todos los jardines infantiles tengan las mismas oportunidades.
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