La reacción del Ejecutivo ante los hechos de violencia ocurridos durante el último fin de semana es tardía y no se condice con las urgentes demandas y preocupaciones de la ciudadanía. Debemos recordar que hechos similares ya ocurrieron durante los últimos meses del 2023, registrándose una ola de homicidios en varias regiones del país. “Estamos ante una crisis de seguridad, yo no sé cuál es el límite”, señalo la ministra Vallejo en esa oportunidad. Por tanto, ante las propuestas anunciadas por el Presidente Boric y la ministra Tohá deben ser analizadas con mayor detención.
Para el Investigador del Programa Política y Sociedad Civil, Francisco Alcorta, respecto a la cárcel de alta seguridad, debemos evaluar si es necesario focalizar la propuesta en un penal con estas características y su real impacto en las necesidades urgentes de infraestructura penitenciaria. “Por ejemplo, de acuerdo con datos de Gendarmería de Chile, nos encontramos con un uso de la capacidad carcelaria para regímenes cerrados del 135%, equivalente a 59.576 plazas, evidenciando que la construcción o modernización de recintos no ha sido considerado como parte de la estrategia de seguridad. Un penal de alta seguridad, con los costos que implica, no ayudaría a descomprimir de manera sustantiva la sobrepoblación actual, la que en su mayoría no son sujetos con un alto compromiso delictual, con exigencias de seguridad extremas. A nivel comparado, existen mecanismos rápidos para la construcción de recintos penitenciarios para población con niveles de compromiso delictual bajo o mediano, lo que podría ser una buena opción para avanzar en una política penitenciaria mucho más decidida y que se haga cargo de las necesidades inmediatas del sistema, así como también del crecimiento futuro de la población penal”, explica.
Alcorta agrega que la creación de una fuerza de tarea no es una medida nueva. “Es más, estas fueron creadas en 2018, comenzando por la Macrozona Norte, denominadas como Unidades de Coordinación Estratégicas. Actualmente, de acuerdo con el sitio web de la Subsecretaría del Interior, se cuenta con tres unidades: Norte, Centro y Sur. En el caso de la Unidad Centro, esta tiene como foco delitos asociados a narcotráfico, delitos contra la propiedad, delitos con uso de armas de fuego e infracciones a la Ley de Armas”, puntualiza.
Por otra parte, según el experto la destinación de 500 funcionarios es una medida que va en la dirección correcta, pero su impacto es menor: “haciendo un simple ejercicio aritmético, podríamos señalar que el incremento real a nivel comunal sería de 9 carabineros por comuna, asumiendo un criterio de equidad territorial, muchas veces destacado por las autoridades de gobierno. Si consideramos 4 turnos, serían aproximadamente 2 funcionarios más por turno en cada comuna. Esta cifra no tendría un impacto real en la prevención y combate a la criminalidad organizada o los hechos de violencia que hemos presenciado los últimos días”, dice.
Este nuevo episodio de violencia serial nos hace cuestionarnos acerca de la efectividad de los planes y medidas que constantemente nos recuerda el Gobierno, como el Plan Calle sin Violencia o la Política Nacional contra el Crimen Organizado, los que al parecer no están teniendo efectos sustantivos para detener la crisis de seguridad.
