ORIGEN DEL CONCEPTO

En su última Cuenta Pública, el alcalde Daniel Jadue no solo abordó los principales aspectos de su gestión municipal, sino también dedicó palabras a su situación judicial, comparándola con la de otros presidentes de la región. “Nadie tiene que asustarse, en América Latina no hemos tenido ningún Presidente de izquierda que no haya pasado primero por la cárcel. Así que en una de esas…”^[1].

Las declaraciones del alcalde Jadue se encuadran en un marco referencial particular, al señalar de manera casi anecdótica que los presidentes latinoamericanos enfrentan juicios penales sobre su gestión, perseguidos por las fuerzas opositoras, siendo estos procesos judiciales un paso más en su carrera política. Bajo este contexto, hemos visto como en los medios surge el concepto de lawfare como marco conceptual para describir cuando algún político, en su mayoría de izquierda, está enfrentando un proceso judicial^[2].

Las primeras aplicaciones del concepto fueron asociadas a los estudios estratégicos en el marco de la defensa y las relaciones internacionales, definido como “la estrategia de usar o abusar de la ley como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operativo”^[3]. Recientemente, y a la luz del desarrollo del concepto en otras áreas de estudio como el jurídico, se ha ampliado su definición entendiendo el lawfare como el uso de las leyes como medio para lograr lo que de otro modo requeriría del uso de la fuerza, o como un medio para facilitar lo mismo^[4]. De esta forma, el concepto se extiende más allá de lo relativo a estudios de conflictos, siendo introducido en las discusiones políticas.

La utilización del derecho como arma por parte de Rusia, es uno de los ejemplos clásicos asociados a la noción tradicional de lawfare. En esta línea, y previo a la invasión de Ucrania de 2022, Rusia se valía de las ausencias y omisiones del derecho internacional para desestimar o justificar acciones de carácter militar, siendo un componente más de su estrategia militar general^[5]. 

LAWFARE EN LATINOAMÉRICA

Recientemente, el concepto ha sido asimilado en Latinoamérica como la utilización de los tribunales como medios de judicialización de los procesos electorales o la política. En particular, se ha considerado el concepto como el uso indebido de medios jurídicos para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político^[6]. 

Para ilustrar la utilización del concepto, podemos remitirnos al reciente lanzamiento del libro “Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina”, donde diversos autores, incluidos Baltazar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero, abordan de manera antojadiza cómo sería usada la justicia como forma de persecución política contra el Gobierno de Cristina Fernández, siendo esta última condenada por corrupción a una pena 6 años de prisión e inhabilitación de por vida del ejercicio de cargos público^[7]. Evo Morales, es otro caso de utilización de acusaciones de lawfare como parte de su estrategia política, generando constantes declaraciones de persecución política a través de la justicia a su figura y a sus partidarios. Es más, el expresidente boliviano tuvo palabras de apoyo a Jadue, calificándolo como un “preso político”^[8].  A los ejemplos anteriores, se suman Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Manuel Zelaya en Honduras. En todos estos casos se acusó de un intento de los sectores “poderosos” y que concentran el “capital”, de emplear estratagemas jurídicas para poner término a proyectos “populares” y transformadores.

PARTIDO COMUNISTA, JADUE Y EL LAWFARE

Así, siguiendo con el caso judicial del alcalde Jadue, las reacciones por redes sociales de la diputada Carmen Hertz en torno a la prisión preventiva contra el edil de Recoleta, donde acusa un “acoso y persecución política”^[9], pueden entenderse como un primer paso para señalar que se están utilizando los tribunales como medio para atacar al Partido Comunista y a la carrera política de Jadue. De esta manera, la tesis que buscarían instalar los sectores políticos más radicales del oficialismo sería que hay una persecución política y que las acusaciones no responderían a faltas o delitos cometidos por el alcalde en el ejercicio de sus funciones, siendo una víctima más del lawfare.

Más allá de la irresponsabilidad de este tipo de acusaciones por parte de personeros del Partido Comunista contra las medidas decretadas contra Jadue, el continuo cuestionamiento a las decisiones de los jueces y al ejercicio del Ministerio Público, no hacen sino socavar la confianza en las instituciones penales, afectando la institucionalidad judicial en su conjunto. Hoy Chile y los chilenos requieren un Estado de Derecho, con instituciones robustas y con la confianza para poner todas sus capacidades al servicio de los ciudadanos.

Con todo, las recientes cartas de Jadue desde Capitán Yáber confirman cómo la izquierda utilizará esta instancia como una plataforma, acusando de lawfare a algún sector político. Los rasgos centrales de la estrategia política para sortear este momento parecen estar a la vista. Por tanto, no nos debería extrañar que la izquierda chilena y los sectores que apoyan a Jadue hagan referencia más frecuentemente a este concepto, buscando posicionar la figura del edil como “una víctima más en América Latina de las fuerzas contrarias a las transformaciones sociales”. 

El presente texto corresponde a una sección del Informe de Coyuntura Política N° 26 - junio de 2024

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[1] Cuenta Pública Recoleta: https://www.youtube.com/watch?v=jX8rXk5VaqM&t=7883s

[2] Joignant (2024) Lawfare y batallas culturales. Disponible en: https://elpais.com/chile/2024-06-03/lawfare-y-batallas-culturales.html

[3] Charles J. Dunlap Jr. (2009) Lawfare: A Decisive Element of 21st-Century Conflicts?

[4] Charles J. Dunlap, Jr. (2015) Lawfare, en National Security Law 823-838.

[5] Dov Bachman y Muñoz (2015). Lawfare and hybrid warfare – How Russia is using the law as a weapon.

[6] Vollenweider y Romano (2017). Lawfare. La judicialización de la política en América Latina.

[7] Garzón et al (2023). Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina. Grupo de Puebla.

[8] @evoespueblo (6 de junio 2024) El compañero Daniel Jadue es un preso político. Una vez más la guerra judicial se usa para callar al alcalde de Recoleta, en Chile. Su único “delito” es haberse atrevido a hacerle frente a los abusos del mercado farmacéutico, impulsando su proyecto de farmacias populares.

Daniel siempre se ha mostrado del lado de su pueblo y de las causas justas. Mi solidaridad y apoyo a él, a su familia y a sus compañeros. Seguiremos denunciando este atropello.

[9] @carmen_hertz (3 de junio 2024). Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para

@danieljadue la persecución política y el acoso son evidentes #todossomosJadue