Uno de los factores a los que se debe la crisis de seguridad que se ha instalado en el país es la presencia de una serie de carteles extranjeros -principalmente mexicanos, colombianos y venezolanos- que se encuentran operando en Chile.

Prueba de ello es que hace tres meses la Corte de Apelaciones de Iquique acogió una solicitud de extradición en contra del ciudadano mexicano-irlandés, Morris O’Shea Salazar, presunto líder de una célula del cartel de Sinaloa que intentó instalarse en Chile y que operaba desde España. Su objetivo era abrir una puerta de salida desde Chile para traficar sustancias ilícitas, provenientes de Bolivia, a distintos puntos de Europa, pero una investigación que comenzó en 2020 -y que contó con la infiltración de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI)- impidió el avance del grupo dirigido por O’Shea y terminó con la detención de dos mexicanos: Ricardo y Yolanda Salazar Tarriba, ambos familiares de María Alejandrina Salazar, la primera esposa del narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pese a los intentos del Ministerio Público en conjunto con la Guardia Civil Española, O’Shea Salazar escapó y presuntamente estaría en Sinaloa, México. Por eso, la Fiscalía de Tarapacá solicitó su extradición y lo formalizó en ausencia por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita.

Los carteles mexicanos han extendido sus redes por Latinoamérica, buscando nuevos mercados. Los dos principales grupos criminales del país son el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya han aterrizado en Chile. Así lo ha confirmado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (El País, junio 2022).

En plena fase de instalación, estas organizaciones criminales traen una serie de consecuencias y externalidades como homicidios, secuestros, lesiones y violencia.

En tanto, en el caso específico del norte de país, donde "aterrizan" los carteles en primera instancia, también se ha evidenciado un cambio en la criminalidad.

Según el Director del Área Política y Sociedad Civil de LyD, Rodrigo Ubilla, estamos en un momento crucial. “La amenaza que Chile tiene hoy día como país frente a este tipo de organizaciones transnacionales es enorme, se trata de una de las amenazas más grandes que puede tener una democracia, por su potencia y cantidad de recursos”.

Ubilla explica que estas organizaciones llegan al país porque Chile posee un gran consumo de drogas y es usado como un peldaño para llegar a otros mercados, como el europeo. Chile en ese sentido representa una gran oportunidad, debido a la gran cantidad de fronteras, por su buena imagen país y las debilidades de control y la falta de coordinación de policías e instituciones. Sin embargo, “lo más grave frente a este tipo de crimen es la falta de inteligencia”, enfatiza el sociólogo. “Es necesario trabajar en una ley de inteligencia acorde a nuestra realidad”, concluye.