El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que ha denominado “ley corta de la PGU”, que busca ampliar el universo sobre el cual se aplica el instrumento técnico de focalización, de tal manera que un mayor número de personas pueda acceder al beneficio.
Actualmente la PGU es un beneficio que se otorga a todos quienes tengan 65 años o más, cumplan los criterios de residencia y tengan una pensión base conforme lo que señala la ley y no integren un grupo familiar que pertenezca al 10% más rico de la población de 65 años y más. En este caso, el umbral para acceder al beneficio es de $497.468. Esto es, quienes cumplen con los requisitos recién mencionados y están bajo este umbral acceden al beneficio, los que de acuerdo a las cifras presentadas por el Ejecutivo en su presentación ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, son cerca de 2.030.000 personas.
Por otro lado, cerca de 46.000 han sido rechazadas. De ampliarse el universo como se propone, los rechazados serían menos y del orden de los 22.000. Es decir, 24.000 que hoy no reciben el beneficio lo recibirían. En otras palabras, al considerar la población total, el umbral aumenta a $683.469, por lo que un mayor número de personas califican para recibir la PGU. El Informe Financiero (IF) estima que en régimen[1] son 76.070 los beneficiarios adicionales de PGU, lo que se traduce en un gasto fiscal adicional de $168.670 millones. Llama la atención que el IF no hace referencia a la fuente de financiamiento de dichos recursos.
La Economista de LyD, Ingrid Jones, recalca que es importante tener presente que si bien, la PGU es un beneficio previsional que ha permitido mejorar los ingresos de las personas de 65 años y más, es uno de los beneficios que concentra la mayor cantidad de recursos públicos. “Para 2023 se destinarán aproximadamente 2,3% del PIB para financiar este beneficio y si bien respecto de esta cifra el cambio de universo equivale a un incremento marginal, el gasto total sería de 2,34%. Si a este gasto le sumamos el gasto incremental de la propuesta de Reforma Previsional que aumenta el monto del beneficio a $250.000, se destinarán en régimen cerca de 2,8% del PIB a financiar la PGU, gasto que se incrementa en el largo plazo, por lo que es fundamental contar con una fuente de financiamiento sostenible en el tiempo”, explica.
[1] Sexto año desde que se publique la ley.
