COMENTARIOS AL PROGRAMA “CHILE APOYA: PLAN DE RECUPERACIÓN INCLUSIVA”

El 7 de abril el gobierno anunció un conjunto de medidas que buscan fortalecer la recuperación del empleo, así como también apoyar a los hogares frente a la mayor inflación en el país. Junto con ello la semana pasada anunció cambios en materia de salario mínimo, flexibilizar el acceso al seguro de cesantía y apoyo económico a las familias más vulnerables para hacer frente a los mayores niveles de inflación. En términos generales ambos anuncios se enfocan en medidas de corto plazo para enfrentar la actual coyuntura económica sin que se haya presentado una agenda de mediano plazo que permita recuperar nuestra capacidad de crecimiento. Con un proceso de vacunación que se espera que se mantenga en el tiempo y con ello continuar retirando las restricciones impuestas en las primeras etapas de la pandemia se debe avanzar hacia políticas que permitan recuperar la capacidad de crecimiento de nuestra economía en forma sostenida en el tiempo.

Durante la última década al menos que nuestra economía ha venido mostrando signos de desaceleración, con una caída permanente en su estimación del producto tendencial. Mientras al año 2012 esta se estimaba en un 5%, las últimas estimaciones la sitúan más bien cerca de un 2%.   La economía chilena enfrentó la pandemia ya en una situación debilitada, luego de las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre del 2019 y que fueron acompañadas por inusitados niveles de violencia en buena parte de nuestro país. Así, enfrentemos la pandemia con una economía creciendo el año 2019 un 1,1%, inferior al 2,5% que el Banco Central estimaba en septiembre de ese año. Luego, el primer año de pandemia (2020) como consecuencia de las medidas de restricción nuestra economía se contrajo en un 5,7%. Dicho ciclo adverso se revierte durante el año pasado con una expansión de 11,7% en donde el mayor soporte provino del consumo de las familias, que aumentó en 20,3%, que a su vez contiene un incremento de 44,9% en la adquisición de bienes durables, lo que se observó nítidamente en las listas de espera que se establecieron para adquirir un auto nuevo. Ahora bien, las estimaciones para el presente año se han situado en torno a 1,5%, mientras que para el 2023 sería de sólo 0,25%.

La reducción de las perspectivas de crecimiento va más allá de lo coyuntural y tal como se aprecia en el siguiente gráfico, donde se presentan las sucesivas estimaciones realizadas por el comité de experto para el PIB tendencial, hay un deterioro sostenido que se ha acentuado en los últimos años.

En materia de empleo, si bien estamos cerca en recuperar el nivel de personas ocupadas pre pandemia, nuestra tasa de ocupación es casi cuatro puntos inferiores a la de igual trimestre de hace cuatro años atrás (previo a la pandemia y violencia). Así, el trimestre móvil enero-marzo 2018 la tasa de ocupación (total ocupados en relación a la población en edad de trabajar) era de un 58,7%, al año 2022 esta fue 54,9%.  Para recuperar la tasa de ocupación a los niveles de hace 4 años atrás se requiere crear del orden de los 650.000 puestos de trabajo nuevos.

Por ello, hoy ya no basta con hablar de recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, necesariamente se debe poner el foco también en el mediano plazo que nos permita recuperar la capacidad de crecer y con ello crear más y mejores puestos de trabajo.

Un plan de recuperación económica no sólo debe contener medidas destinadas al corto plazo, sino también reformas que logren elevar el crecimiento tendencial. Propuestas y comisión que han abordado el tema ha diversas. Lo que falta es que se priorice esa agenda por parte del gobierno.

Contenido Plan de Recuperación Económica Inclusiva

El Plan contempla medidas enfocadas en los siguientes seis ejes:

  1. Reincorporación al trabajo formal remunerado.
  2. Inversión pública.
  3. Apoyo a sectores rezagados en la recuperación.
  4. Impulso a las MiPyMEs.
  5. Ingresos y costo de vida.
  6. Institucionalización de mecanismos de protección

El presupuesto considerado en este plan es de US$ 3.726 millones (1,18% del PIB), subdividido en US$ 1.386 millones en generación de empleo y apoyo a sectores rezagados, US$ 1.340 millones en ayudas directas a las familias y US$ 1.000 millones en apoyo a las MiPyMEs.

 

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