MEDIO AMBIENTE Y «DERECHOS DE LA NATURALEZA» EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional finalizó la votación en particular de las normas del Bloque A, “Medioambiente y Derechos de la Naturaleza”. Se votaron normas relativas a diversos temas: crisis climática; medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes naturales comunes; derechos de la naturaleza; derechos de la vida no humana; deber de protección, justicia intergeneracional, delitos ambientales y principios de no regresión ambiental, preventivo, precautorio y otros; democracia ambiental, derechos de acceso a la participación, información y justicia ambiental.

En concreto, son 40 propuestas de normas constitucionales, que serán discutidas y votadas en general y en particular en el Pleno de la Convención el día jueves 3 y viernes 4 de marzo, para pasar a formar parte del texto de la eventual propuesta de nueva Carta Magna si alcanzan el quórum de 2/3 de los convencionales en ejercicio. En caso contrario, ser desechadas o eventualmente reformuladas por la comisión, la que deberá elaborar un informe de reemplazo, si la mayoría de convencionales presentes en el Pleno el día de la votación las apoya.

Algunas normas sobre regulan en la propuesta de nueva constitución materias que más bien corresponde al legislador normar. -Esto ocurre con las normas relativas a la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana, creándose en un artículo transitorio un Servicio para la Crisis Climática y Ecológica encargado de abordar de manera interdisciplinaria e integral la crisis climática y ecológica. Otras normas, entre las que también se citan las normas de la crisis climática aprobada por las obligaciones y restricciones que impone a nivel constitucional, pueden ser muy perjudiciales para efectos del desarrollo económico del país, además de apartarse de principio básicos del derecho:

En particular nos referimos a:

- El establecimiento de la naturaleza como titular de derechos, lo que implica que se respete y proteja integralmente su existencia; la restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales; estructura, funciones, equilibrio ecosistémico y diversidad biológica. Además, se reconoce la especial relación de los pueblos y naciones preexistentes con la naturaleza. Con ello se instala un enfoque ecocéntrico en la Constitución y se eleva a la naturaleza a una posición de sujeto de derechos que no corresponde en el sentido que ella debe ser un objeto de protección. El entregar a la naturaleza la calidad de sujeto de derechos no es una doctrina constitucional predominante a nivel comparado. Sólo se encuentran las experiencias de Ecuador y Bolivia, países en los cuales no ha producido el efecto de alcanzar una protección más efectiva a ella. Por lo demás, desde el punto de vista jurídico, un sujeto de derechos debería no solo ejercer derechos, sino también poder contraer obligaciones y deberes, lo que no es posible para la naturaleza. La nueva Constitución debe asegurar una robusta protección a la naturaleza, pero como deber del Estado y a través obligaciones específicas a los particulares y no por la vía de esta ficción jurídica.

- Se define el concepto bienes comunes naturales, como “aquellos elementos o componentes de la naturaleza que son comunes a todos los seres vivos y pueblos y naciones de Chile”. Estos bienes no serán susceptibles de apropiación, existiendo un interés general prioritario en su preservación para la existencia de las generaciones presentes y futuras. El Estado podrá autorizar su uso por parte de particulares, pero esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible e intransmisible. Preocupa el impacto económico que significaría la aprobación de una norma como esta en el Pleno, pues afecta directamente a la actividad productiva y en consecuencia tiene un impacto en el bienestar de la población. El convencional Pablo Toloza expresó adecuadamente los efectos adversos de la propuesta: “Es una norma que empobrecerá al país y a los chilenos, porque generaría cesantía. Hará prácticamente imposible desarrollar minería, acuicultura, pesca, energías renovables o las plantas desaladoras.”[1] Respecto a la misma temática, la comisión aprobó una norma que establece un régimen especial de titularidad colectiva de los bienes comunes naturales que se encuentren en tierras y territorios indígenas.  Esto además de los problemas jurídicos que acarrearía el cambio respecto de los derechos adquiridos por terceros bajo los distintos instrumentos que la ley hoy franquea y que deben ser respetados.

- Se definen principios esenciales para la protección de la naturaleza como el de no regresión; progresividad; precautorio; preventivo; justicia ambiental y ecológica; solidaridad intra e intergeneracional; in dubio pro natura; ecocéntrico; biocéntrico; buen vivir, entre otros, todos los cuales refuerzan la visión ecocéntrica que se quiere dar a la Constitución.

- Se incorpora el derecho de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, quienes tendrán la facultad de aceptar o rechazar los proyectos públicos o privados que tengan un impacto en sus territorios y en los bienes comunes naturales. La obtención del consentimiento de los pueblos indígenas será obligatorio en ciertos casos, como por ejemplo para toda obra o actividad, pública o privada, que vulnere la supervivencia cultural, económica, social o física de los pueblos indígenas o tribales, o que les impiden vivir de manera tradicional; en todo proyecto de desarrollo o inversión en el territorio indígena que requiera evaluación de impacto ambiental; el traslado, desplazamiento o reubicación de pueblos; entre otros. Estas normas van más allá de lo que otras constituciones andinas establecen al efecto y no se condicen con el principio de igualdad ante la ley, al crear un poder de veto y ciudadanos privilegiados por sobre otros., el que será obligatorio en ciertos casos

Estas y otras normas maximalistas en el nivel de protección de la naturaleza, no guardan un correcto equilibrio con la productividad económica, necesaria para el crecimiento del país y obtención de mejores condiciones de vida para todos sus habitantes. De esta forma aun cuando la comisión rechazó algunas normas muy radicales como la creación del estado de excepción por cambio climático y ambiental; la titularidad de los pueblos y naciones indígenas preexistentes sobre bienes comunes naturales que existan en sus tierras y territorios ancestrales; el reconocimiento constitucional del reino Fungi y la funga; entre otros, cabe destacar que persisten  muchas otras como las antes mencionadas, de manera que estamos lejos aún de poder hablar de una propuesta razonable que pueda conciliar adecuadamente el desarrollo con la sostenibilidad.

 

[1] 23 de febrero de 2022. “Norma que establece que el Estado sea el que autorice el uso de bienes naturales pasa al Pleno. Economía y Negocios B3. El Mercurio.