LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EN PARTICULAR EXTENDER HATA EL 2022 LA LEY QUE SUSPENDE EL CORTE DE SERVICIOS BÁSICOS

El pasado martes, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en particular una serie de normas que dicen relación con la extensión de la ley que suspende el corte de servicios básicos. En este contexto, se aprobó lo siguiente:

  1. Ampliación de la vigencia de la Ley N°21.249. La iniciativa, según lo aprobado, extendería la vigencia de la Ley N°21.249 hasta el día 31 de diciembre de 2022.
  2. Ampliación de beneficiarios. La moción extiende el universo de beneficiarios del 80 al 100% de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares.
  1. Condonación de deudas. Se contempla que todos aquellos usuarios que se encuentren en una situación de morosidad y que sus ingresos sean inferiores al sueldo mínimo, conforme a los ingresos declarados en el Registro Social de Hogares, se les condone la deuda total.
  1. Límite de pago. Se estableció que, todos aquellos usuarios que pertenezcan al 40% de vulnerabilidad conforme al Registro Social de Hogares, no podrán pagar una cuota superior al 1,5% de sus ingresos declarados en dicho registro.

En primer término, cabe recordar que, la referida ley originalmente contemplaba la prohibición de corte de algunos servicios básicos por 90 días (hasta noviembre del 2020). La primera prórroga (Ley N°21.301) consideró extender el período a 270 días (hasta el 5 de mayo del 2021); la segunda prórroga (Ley N°21.340) consideró extender el período hasta el día 31 de diciembre de 2021, y la actual moción considera extenderlo hasta el día 31 de diciembre de 2022. Asimismo, esta moción vuelve a comprender a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red.

Teniendo en cuenta que aún hay personas afectadas económica y socialmente por la pandemia, las cuales no están en condiciones de enfrentar el pago de las cuentas morosas, por lo que requieren una política pública que les entregue una solución para su delicada situación, este proyecto de ley, sin embargo, genera una serie de incentivos y costos que no son necesarios de incurrir para ayudar a estas personas. La actual propuesta del Ejecutivo[1] logra el mismo objetivo, pero con un menor costo para el Estado y las empresas afectadas.

Al respecto, uno de los efectos de la moción parlamentaria en comento es el natural aumento en la morosidad de los clientes, pues, estos últimos, de acogerse a los beneficios de esta nueva iniciativa, se verán enfrentados a una acumulación, en principio, de 27 meses de deudas. Aún más, dicha acumulación se podrá ver reflejada no solo respecto de un servicio básico, sino que podría comprender las de varios, a saber, luz, agua potable y gas de red. Al respecto, tratándose del sector sanitario, existen 607 mil clientes con deuda mayor a 60 días, cuya deuda promedio alcanza los $333 mil por mes. Por otro lado, el sector eléctrico mantiene un total 883 mil clientes (residenciales y no residenciales) cuyas boletas vencidas corresponde a $540 mil por mes en promedio.

Un incremento de la morosidad producto de un año más de no pago aumenta peligrosamente la posibilidad de que las deudas se tornen insostenibles para los clientes finales ya que, en un futuro, además de realizar el pago correspondiente de sus respectivas cuentas, deberán saldar las cuentas que fueron objeto de suspensión de pago por la Ley de Servicios Básicos. En otras palabras, al momento de legislar sobre la materia se debe tener en consideración el fenómeno que se produce para los clientes y también de cara a las empresas prestadoras, las que requieren de esos flujos para mantener los pagos de sus obligaciones con bancos, con proveedores, trabajadores y otros acreedores, es decir, la moción ignora nuevamente dicho esquema regulatorio.

Adicionalmente, los indicadores económicos muestran que la necesidad de mantener este beneficio sin ninguna focalización más allá de este año se reduce drásticamente cuando la actividad agregada está retornando a la normalidad, luego de la reducción de las restricciones sanitarias, y un empleo y desempleo cada vez más cercano a sus niveles prepandemia. De esta forma, resulta cuestionable continuar extendiendo el beneficio generalizado considerando la evolución positiva de la pandemia y el fin del estado de excepción constitucional. En esta línea, en cuanto a la actividad, según los datos entregados por el Banco Central, ésta ya superó el nivel prepandemia en el segundo semestre de este año. Por su parte, en lo que se refiere al empleo, de acuerdo al Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, a octubre de este año, se han recuperado cerca del 90% de los empleos perdidos por pandemia.

Por otro lado, en lo que se refiere al uso de información proveniente del Registro Social de Hogares, este no es completamente demostrativo de una situación actualizada de una determinada persona. Si bien han existido avances importantes por actualizarlo, siempre existe algún rezago. En este contexto, un 87,2% de la población del país, de acuerdo al último censo, se encuentra en dicho registro. Lo anterior, evidencia que extender el universo de beneficiarios al 100% de acuerdo al Registro Social de Hogares, es desproporcionado por cuanto no focaliza la ayuda, sino más bien bastará estar inscrito en dicho registro sin atender a los ingresos, permitiendo la entrada de personas que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En lo que respecta a la condonación de la deuda, se traduce en una medida desproporcionada que atenta directamente contra el flujo de caja y liquidez de las empresas proveedores, imponiendo condiciones que implican una verdadera expropiación, atentando directamente contra el derecho de propiedad y la igual repartición de las cargas públicas.

Adicionalmente, los parlamentarios, de manera irresponsable, no han ponderado como esta condonación va a afectar la cadena de pagos. El no pago de los servicios repercutirá en la falta de caja para la empresa proveedora que a su vez debe solventar sus obligaciones con sus propios acreedores (trabajadores, Fisco, proveedores, etc.), detonando una reacción en cadena, ya sea de no pago, morosidades, intereses y multas, lo que agravará la situación, no solo del servicio domiciliario, sino de todos aquellos que conforman la cadena de pago, y estos a su vez con sus propios acreedores. Así, se produce un aumento de los costos financieros derivado de la necesidad de financiamiento de las cuentas impagas, incrementándose el pasivo de la o las empresas, llevando a varias de ellas a situaciones en que se puede tornar insostenible su continuidad.

Finalmente, estimamos que es el legislador el que debe promover una política pública focalizada sólo en aquellas personas que lo necesitan, en momentos excepcionales y con cargo a recursos fiscales, no correspondiéndole al sector privado asumir los costos involucrados de dicha política pública, considerando aún más, que no existe compensación por esta carga jurídica indeterminada, afectando las propias relaciones contractuales que permiten la prestación de los servicios.

[1] Aumentar los subsidios estatales para los clientes vulnerables del sector sanitario, y replicar este beneficio ya vigente para el sector eléctrico.